PPRROOPPUUEESSTTAA PPLLAANNEESS DDEE OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO TTEERRRRIITTOORRIIAALL AALLTTEERRNNAATTIIVVOO FFOORROO PPOOLLÍÍTTIICCAA DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO AAGGRRAARRIIOO IINNTTEEGGRRAALL EENNFFOOQQUUEE TTEERRRRIITTOORRIIAALL EEnn eell mmaarrccoo ddeell AAccuueerrddoo GGeenneerraall eennttrree eell ggoobbiieerrnnoo yy llaass FFAARRCC EEPP CCoommuunniiddaaddeess CCoonnssttrruuyyeennddoo PPaazz eenn llooss tteerrrriittoorriiooss iinntteeggrraanntteess ddee llaa RReedd ddee AAlltteerrnnaattiivvaass,, RREEDDAA.. DDiicciieemmbbrree 1177,, 1188,, 1199 ddee 22001122
Asociación agroecológica Esther Cayapú, ASOESCA, Trujillo, Valle, Asociación Campesina Agroecológica Bien Andante, Sucre, Cauca. Asociación Campesina Agroecológica Huerto Renacer, Sucre, Cauca. Asociación campesina de desarrollo sostenible de San Salvador, ASCADES, Puerto Asís, Putumayo. Asociación Campesina en la memoria de Dumar Aljure, Mapiripán, Meta. Asociación de familias víctimas de desplazamiento forzado de Argelia, Cauca. Asociación de familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales "Sembradores de Paz", San Antonio, Inzá, Cauca. Asociación de Productores y Procesadores "Camino al Futuro", ASPROCAF, Puerto Asís, Putumayo. Asociación de Productores y Procesadores "Semillas de Paz", ASPROSEPAZ, Puerto Asís, Putumayo. Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES, Municipio de Turbo, Antioquia. Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, municipio de El Castillo, Meta. Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”, municipio de Dabeiba, Antioquia. Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad, CAVIDA, municipio Riosucio, Chocó. Comunidades de Nueva Unión, Pedeguita y Mansilla, Carmen del Darién, Chocó. Comunidades de Santa Rosa del Limón y Vigía del Curvaradó, Carmen del Darién, Chocó. Consejo comunitario de la comunidad negra del río Naya, Buenaventura, Valle. Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo, Puerto Asís, Villa Garzón, Valle del Guamuéz, Mocoa, Puerto Caicedo, Orito, Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo. Escuela de Derechos Humanos Zona de Encuentro, Autonomía y resistencia Nasa, resguardo san Francisco, Toribio, Cauca. Familia Martínez, finca la Alemania, municipio de San Onofre, Sucre. Familia Mausa, Blanquicet y municipio Carmen de Bolívar, Bolívar. Familias de los Consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curvaradó, municipio Carmen del Darién, Chocó. Familias de los Consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Jiguamiandó, municipio Carmen del Darién, Chocó. Familias del consejo comunitario de Bijao, Onofre en Pedeguita y Mansilla. Familias del consejo comunitario de Nueva Unión en Pedeguita y Mansilla. Jóvenes unidos por el Bajo Calima, JUBCA, Buenaventura, Valle. Los familiares de once jóvenes asesinados por el ejército, en los conocidos como “falsos positivos”, municipio de Tolú Viejo, Sucre. Pueblo Kamëntsá de San Francisco, Sibundoy y Colón, Putumayo. Resguardo Humanitario Ambiental - Urada Jiguamiandó, So Bia Drua, Pueblo Emberá, municipio Carmen del Darién, Chocó. Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonam, Buenaventura, Valle. Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ADISPA, Puerto Asís, Putumayo. Zonas de Biodiversidad “Grupo Porvenir”, Puerto Asís, Putumayo. Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
1. ACCESO, USO Y FORMALIZACIÓN Los índices sobre concentración de la tierra en el país1, evidencian que el punto de partida es el reconocimiento y titulación de los derechos sobre la tierra. Sin embargo aunque el punto de partida es la formalización de la propiedad, el acceso sigue siendo insuficiente, en tanto no se garantice un escenario propicio para la participación y posibilidad de desarrollo de los habitantes rurales y consecuentemente la transformación del agro. El Estado colombiano se define como Estado Social de Derecho, si se pretenden resolver las causas del conflicto armado se requiere una voluntad política que haga progresivos los derechos de las comunidades rurales en un período no menor ni mayor a 10 años y de las familias desarraigadas en los centros urbanos, lo que supone el compromiso de alcaldías y gobernaciones. En tal sentido, la política hacia la paz debe garantizar la intervención institucional, la participación decisoria en cooperativas y formas de asociación rural, los acuerdos con sectores empresariales justos social y ambientalmente. En el marco de respeto derechos humanos y derechos colectivos se asienta la paz. El Estado intervendrá en modificaciones institucionales y depuración institucional local en aquellos municipios y localidades, gobernaciones en donde operaciones paramilitares, criminales continúen, de manera que los propósitos de la paz se asienten sobre garantías de no repetición del uso del poder político por estructuras criminales que imposibilitan la participación social y política comunitaria. El camino para superar la inequitativa distribución de la propiedad y garantizar tanto el acceso como el uso, requiere de: 1. Una reforma a la institucionalidad en distintos niveles. 2. Un mecanismo de investigación efectivo con una asignación presupuestal adecuada, encaminado a la recolección de pruebas y revisión de casos sobre despojo, que contribuya a los procesos de desconcentración de la tierra y la restitución de las mismas. 3. Definiciones de los usos de la tierra en discusión con comunidades locales y generación de una reglamentación que permita por una parte definir criterios de asignación de la misma en relación con el cumplimiento de la función ecológica y social, así como garantizar la adecuada explotación del suelo y los
1Los estudios y estadísticas oficiales aportados por el IGAC, INCODER y el PPTPPD, señalan que la estructura de la propiedad en Colombia se caracteriza por el incremento acelerado de la concentración de la propiedad, la estructura de la tenencia, revela que el 1.15% de los propietarios poseedores del país concentran más del 52% de la tierra, mientras que más del 78% de los propietarios poseedores, constituidos principalmente en microfundios, apenas disponen del 10.59% de las tierras. Desde 1999 hasta 2009, la brecha existente entre la pequeña propiedad y la gran propiedad se cuadriplicó, los procesos de concentración se han desarrollado paralelamente con la consolidación del desplazamiento y las distintas modalidades de despojo, facilitadas en gran medida por las altísima informalidad en la tenencia, es decir, en el sector rural
recursos naturales, bajo principios de bienestar social, regulación ambiental y regeneración de recursos para asegurar su existencia y disponibilidad a futuro, de igual manera. 4. La generación de un marco normativo claro, tendiente a llenar los vacios jurídicos existentes, relacionados con disposiciones de política nacional que comúnmente interfieren con dinámicas de uso del suelo a nivel local o comunitario, así como legislación clara en materia de avalúo catastral e impuesto predial que regule el acceso a la tierra y la creciente tendencia a la privatización de recursos críticos como el agua, los minerales y la biodiversidad. 5. Reconocimiento, apoyo y respaldo a iniciativas y mecanismos implementados por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que han decidido retornar o permanecen en el territorio bajo mecanismos de Zonas Humanitaria, Espacios de refugio; resguardos Humanitarios, Zonas de Biodiversidad. Los procesos de titulación y formalización de la propiedad sobre los derechos a la tierra, se delante de manera colectiva, con miras a generar protección sobre la tierra y el territorio, en este sentido se debe impulsar la estrategia de Zonas de Reserva Campesina, como posibilidad viable para el sector mestizo campesino de controlar y regular los usos del suelo y el acceso a recurso de interés público en las regiones, como el caso del agua, la biodiversidad y los bosques. Adicionalmente, fortalecer las titulaciones con apoyo en procesos productivos de pequeños y medianos productores y habitantes rurales y consolidar una estrategia de respaldo a las iniciativas de las comunidades negras e indígenas que cuentan con reconocimiento legal de la propiedad o quiénes la están exigiendo. De igual manera debe considerarse: 1. La inversión en la carga de la prueba para adelantar los procesos de restitución, que conduzcan a beneficiar a los campesinos afectados por el despojo de sus tierras y territorios. 2. Propender por una titulación de la propiedad individual, al conjunto del núcleo familiar, para de esta forma combatir las inequidades en el acceso a la tierra que golpean fuertemente a las mujeres, jóvenes y niños. 3. Para los campesinos constituidos bajo ZRC, proponemos que las comunidades campesinas deben participar en las definiciones de las líneas ductivas en sus territorios, respetando criterios ambientales y de diversificación. 4. Motu propio, el Estado colombiano podría asumir a los colectivos rurales mestizos, organizados, habitantes de predios en determinadas regiones del
país como beneficiarios o sujetos de derechos cobijados en el Convenio 169 de la OIT. Por otra parte, los habitantes rurales o en territorios de altísimo valor ambiental han visto limitados sus derechos a la tierra por la implementación de iniciativas de exploración y explotación, obras de infraestructura y agronegocios proyectados en sus territorios. En tal sentido, en conformidad con la definición constitucional de la función social y ecológica de la propiedad y los tratados internacionales de derechos humanos, debe considerarse. 1. Adoptar las medidas necesarias de parte del Estado para respetar y acatar los derechos de consulta previa libre e informada y el consentimiento, como principio ineludible, para el desarrollo de cualquier iniciativa que los afecte. 2. El Estado debe escuchar, promover y adoptar una reglamentación más precisa y de reconocimiento de estudios de impacto socio ambiental serios2, que deben implementarse antes de procesos de exploración. 3. Operaciones extractivas no pueden implementarse ni desarrollarse bajo ningún criterio economicista en Zonas de Reserva Forestal, fuentes de agua y ojos de agua ni páramos.3 4. Las operaciones para obras de infraestructura deben tener previo a la Consulta previa, los estudios de impacto socio ambiental, y concertar con las comunidades los mejores trazados que hagan compatibles los diversos intereses. En ningún caso, las obras de infraestructura supondrán que los usos de los predios colectivos reconocidos a las comunidades queden subordinados a servicios adicionales empresariales privados que ofrecen, cuando se desarrollan carreteras, tales como hoteles, expendios de gasolina. El usufructo de la infraestructura supone aportes financieros y técnicos para las comunidades, incluyendo, la participación directa en la administración de los recursos.
2 Las comunidades proponen que los estudios de impacto ambiental estén reglamentados de manera clara, pues muchas veces se avalan los mismos estudios contratados por las empresas interesadas en adelantar intervenciones en los territorio, por esta razón los estudios de carácter técnico, en donde se cuente con la participación y aval de sectores académicos e instituciones reconocidas, para lo cual consideramos clave la participación de las universidades a nivel nacional y regional. Por otra parte es importante garantizar que las comunidades puedan acceder a la información y estudios que se vienen adelantando sobre sus territorios, con el fin de conocer a profundidad los intereses e iniciativas que se vienen adelantando. 3 Como lo señala Cesar Rodríguez Garavito: “2.795 gigatones serían expulsados a la atmósfera si se explotan las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón. Esas son las reservas comprobadas que planean explotar las compañías petroleras y mineras, y los Estados como Colombia que le apuestan a la locomotora”, los estudios adelantados por McKibben citados por Garavito, señalan que no se puede superar la cifra de 565 gigatones, pues de lo contrario se alcanzarían los 2 grados centígrados, limites del calentamiento climático. En este sentido, las ganancias generadas por esta industria, generarían daños reales ambientales y sociales a nivel mundial incalculables, que no alcanzarían a compensar ninguna clase de beneficio.
Finalmente las posibilidades de acceso, uso y formulación deben ir acompañas de una revisión de los avalúos catastrales y la generación de una política tributaria que permita la regulación adecuada para el acceso a recursos estratégicos.4 En consonancia con la disposición del gobierno de Santos de llegar a un acuerdo de paz con las FARC, y las que se adelanten con el ELN y el EPL, dado que se concibe que los derechos humanos son la base la paz, el Estado Colombiano debe adoptar como parte del marco de regulación y en el espíritu del Estado de Derecho, los principio Rugger Así que motu propio, sin que operen decisiones institucionales de las Cortes, el ejecutivo dentro del pacto social que refrende los acuerdos asumirá los principios y los harán obligantes como base para acuerdos entre comunidades rurales, empresas y gobierno. 1. Reforma a la institucionalidad a. Los vacíos existentes en términos de la información disponible sobre el sector rural, no permiten avanzar en la formulación de una política eficaz para el acceso de la tierra, la implementación de acciones concretas para la materialización de los derechos al uso, goce y disposición, ni mucho menos conducen a generar mecanismos de seguimiento que puedan dar cuenta del cumplimiento de las medidas y disposiciones en esta materia5. Por otra parte, esos vacios de información conllevan a no generar una caracterización real y verídica de las condiciones de los pobladores rurales, generando una exclusión y no reconocimiento del campesinado. Es necesario entonces revisar las responsabilidades y competencias de las entidades, ministerios y
4 En Colombia, los procesos de concentración y tierra ociosa, han sido favorecidos por la ausencia de una tributación que imponga una regulación. Por otra parte una hectárea en el microfundio y la pequeña propiedad paga tres veces más impuestos que una hectárea en la gran propiedad.
5 Las comunidades que hacen parte de la Red, vienen adelantando a través de los POTA (planes de Ordenamiento Territorial Alternativo), el desarrollo de instrumentos para el levantamiento de información a nivel territorial y poblacional, para lo cual se propone por una parte apoyo presupuestal a estas iniciativas, así como reconocimiento de esta información como insumo para los procesos de titulación, ampliación, saneamiento y reconocimiento de derechos sobre la tierra y el territorio y reconocimiento institucional como herramientas de diagnósticos para la formulación de política pública y para la garantía de derechos relacionados con salud, educación, vivienda, acceso a servicios básico, entre otros.
oficinas del sector, para generar coordinación en las acciones, garantizar la participación de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. b. Coordinación institucional entre IGAC, INCODER y Superintendencia de Notariado y Registro:
1. Elaboración de un balance de las zonas con mayor atraso de actualización del catastro, para establecer priorización en estas regiones y desarrollo de acciones. 2. Avanzar en los procesos de sistematización de las oficinas de instrumentos públicos para actualización de los predios. 3. Incrementar el número de círculos registrales en las regiones para facilitar la formalización de los bienes y la titulación. 4. Buscar mecanismos que permitan facilitar y agilizar la asignación de tierras baldías y tramitar las solicitudes pendientes de ampliación y saneamiento para el caso de territorios colectivos. c. Apoyo y asignación presupuestal a entidades territoriales y garantías para la participación de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que vienen implementando iniciativas para levantar información a nivel territorial y poblacional, conducentes a la generación de una caracterización que permita desarrollar iniciativas y planes de desarrollo y de ordenamiento territorial que consideren sus apuestas políticas, sociales, económicas, ambientales y culturales. Las exigencias de las comunidades en torno a este tema 2. Restitución de tierras a. En términos de restitución se debe garantizar una mayor participación de las víctimas y buscar mecanismos para que estas de manera coordinada con la Unidad de Gestión para la restitución, puedan optimizar el tiempo de recaudo de pruebas. b. Reconocimiento de casos que no entran por el proceso de política de restitución de tierras, sino que están amparados por sentencias y procesos judiciales en desarrollo, para dar cumplimiento a las disposiciones que dan reconocimiento sobre la propiedad.
c. La restitución debe contemplar los aspectos no contemplados en la ley como la indemnización por pérdida de semovientes, otros bienes, inmuebles, los daños ambientales.
d. Fortalecimiento de organizaciones y procesos colectivos de reclamación y restitución de tierras con garantías lo que significa enfrentar a ocupantes de mala fe con mecanismos expeditos e igual a paramilitares.
e. Desarrollo de garantías para que los pasivos generados durante el desplazamiento y las deudas adquiridas por los desplazados, no afecten sus posibilidades de acceso a su tierra.
f. Acuerdos estatales con la banca privada para el cese de los pagos imposibilitados por el desplazamiento y su traslado de cobro a los responsables del desplazamiento 3. Usos y Reglamentación del Suelo a. Reconocimiento de las iniciativas que vienen adelantando las comunidades pertenecientes a Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, frente al ordenamiento territorial, a través de asignación presupuestal para las entidades territoriales indígenas y afrodescendientes, así como la garantía de participación en la actualización de los planes y esquemas de ordenamiento territorial de comunidades campesinas. Estas iniciativas se materializan en la formulación y elaboración de los POTA (Ver documento anexo – resumen propuesta POTA) b. Adelantar procesos de caracterización territorial y reconocimiento de estas iniciativas con énfasis en cartografía social para: 1. Clarificación de procesos de límites y linderos de territorios que conduzcan al reconocimiento de derechos y formalización de la propiedad. 2. Definición de suelos de importancia estratégica como bosques y cuencas hidrográficas. 3. Definición de áreas de conservación y recuperación ecológica que comprometan la viabilidad de recursos estratégicos. 4. Generación de corredores que permitan fomentar procesos de conectividad de paisaje para flujos de recursos y biodiversidad. 5. Establecimientos de usos del suelo acompañados por el desarrollo de programas de manejo de áreas, especialmente para los usos agropecuarios, proponemos que se desarrollen en perspectiva
recuperar el potencial productivo y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. 6. Establecer áreas de uso y manejo del territorio dentro de las políticas de ordenamiento regional y nacional, tendientes a disminuir la brecha existente entre vocación y uso actual. 7. Legislación clara que llene vacios existentes para regulación de intervenciones en el territorio que no permitan la interferencia de políticas nacionales sobre disposiciones de ordenamiento a nivel local. 8. Fortalecimiento de las entidades territoriales étnicas para afianzar sus capacidades de gestión de recursos con posibilidades concretas de desarrollo y arraigo en el sector rural, así mismo se propone que esta entidades territoriales étnicas, tengan autonomía plena para la administración de recursos, enfocados a programas e iniciativas acordes a sus particularidades culturales, sociales y políticas6. 9. Los espacios de uso agrícola deben ir acompañados de una política de desarrollo rural que garantice la asistencia técnica- con posibilidades de definición de los tipos de asistencia técnica acordes a las consideraciones y necesidades de tipo comunitario-, la dotación de infraestructura y insumos para el mejoramiento de la actividad productiva, para lo cual se deben pensar en bancos comunitarios de maquinaría y bancos de semilla viva, que garanticen la transformación de los valores en bruto de la producción, con miras a generar valor agregado de la misma a nivel local. 10. Reconocimiento de la tradición productiva de las zonas para generar y potenciar renglones de producción, acompañados por desarrollo de paquetes tecnológicos. 11. Clarificar la regulación y normatividad existente no solo para fijar topes para frenar los procesos de concentración, sino también de acaparamiento de recursos naturales, Participación en acuerdos sobre biodiversidad y recursos naturales, con posibilidad de acceso a regalías generadas por estos renglones, y oportunidad de conocer las propuestas relacionadas con los servicios ambientales, para generar participación de las comunidades. 12. Definiciones de usos asociados al desarrollo de infraestructura con participación y posibilidad de administración de los recursos generados, por parte de las comunidades que habitan estos territorios.
6 De igual manera dado que los mestizos campesinos no cuentan con las figuras de entidades territoriales, buscar los mecanismos para que las asociaciones campesinas o las ZRC, tengan un reconocimiento jurídico, político y administrativo, que les permita desarrollar los planes de ordenamiento y de desarrollo en sus territorios.
13. Establecimiento de áreas de mitigación del impacto ambiental por deterioro a consecuencia del cambio climático, pérdida de fuentes hídricas, perdida de suelos, procesos erosivos, contaminación de agua y pérdida de biodiversidad biológica. 14. Frente a las definiciones de distritos de riego consideramos importante llegar a acuerdos y participar de manera conjunta con las CAR, en la planificación de las cuencas hidrográficas y otros cuerpos de agua.7 15. Participación con garantías para definición de posibilidades de inversión público – privada en los territorios de campesino, en donde se puedan llegar a acuerdos de beneficio equitativo, con condiciones establecidas por las mismas comunidades, relacionadas con las posibilidades de uso y manejo de áreas8. c. Establecimiento de nuevos plazos y redefiniciones para actualización de los POT y EOT, en donde se garantice la inclusión de las comunidades campesina, indígena y afrodescendientes y su participación y veeduría en la construcción del proceso. De igual manera abogamos por la inclusión del POTA y su reconocimiento para definiciones de política pública. d. Sobre la definición de uso para fines comerciales todo acuerdo se definirá sobre la base de los principios de Estado Social de Derecho, los principios internacionales de derechos humanos y ambiente, los criterios de equidad y reducción de la pobreza y mitigación de los daños ambientales y cambio climático a nivel mundial 2. ADECUACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y RECUPERACIÓN La adecuación de las tierras, debe tener dos sentidos, el primero relacionado con la prestación y garantía de servicios sociales básicos, en donde el Estado facilite que la
7 Propendemos por un diálogo y acuerdo con las CAR, así como acercamientos con el sector campesino que permitan hacer redefiniciones sobre los usos y recursos, y un reconocimiento de los aportes de las comunidades para el manejo y regulación de recursos
8 Con miras a buscar acercamientos y posibilidades de desarrollo con justicia social y ambiental, las comunidades no se oponen a la posibilidad de explorar y concretar propuestas en acuerdos democráticos con sectores privados (no comprometidos con la criminalidad) y de otra índole, pues es de su interés establecer socios comerciales, culturales y políticos que permitan generar capacidades y aportar a la consolidación de Colombia como un país posicionado en la protección y distribución de alimentos y protección de la riqueza biológica. Las comunidades no nos oponemos a la vinculación de sectores empresariales y de gran inversión, pero si consideramos que esta inversión debe partir de unos condicionamiento, ejemplo de ello es el desarrollo de infraestructura y minería, cuyas condiciones mínimas son: 1) No afectación de áreas de conservación con potencial hídrico y de recursos; 2) Participación en los beneficios generados; y 3)Estudios de impacto ambiental serios. En tal sentido, se insiste en la necesidad que 4) el Estado colombiano adopte por propia voluntad los principios sobre derechos humanos y empresas que ha ido formulando Naciones Unidas
oferta institucional opere como respuesta de derechos a los habitantes rurales, que conduzca al mejoramiento de las condiciones de vida y generación de arraigo en las regiones, cumpliendo con prontitud las metas de reducción de la pobreza definidas en los compromisos del Milenio, con una focalización presupuestal de diez años. Por otra parte esa adecuación supone el abastecimiento tanto a nivel de infraestructura, capacitación técnica, paquetes tecnológicos, la diversificación de los proyectos productivos, sistemas de riego, así como la generación de insumos para el aprovechamiento de la potencialidad productiva de los suelos, ya sea para los usos agropecuarios, forestales, de conservación, entre otros. Igualmente dentro de los procesos de adecuación se debe contemplar la generación del ICR, sin condicionamientos o en acuerdo con los campesinos, que contemple un enfoque de riesgo ambiental y cambio climático
Los procesos de recuperación de suelos deben contemplar:
1. Intervención de suelos ociosos, con miras a la redistribución de tierras.
2. Intervención de proyectos de inversión consolidaos en zonas espurias.
3. Recuperación de suelos con conflictos de uso.
4. Recuperación de suelos deteriorados por impactos ambientales, que vienen siendo priorizados dentro de los planes y prioridades de las comunidades.
5. Recuperación de zonas deterioradas por el desarrollo del conflicto (fumigación, muse, etc.)
3. SITUACIÓN GENERAL DE LA TIERRA EN LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA RED
Las comunidades Construyendo Paz en los Territorios, de la REDA relacionadas en el cuadro a continuación, se ubican en los departamentos con los mayores índices de concentración y abandono de tierras en el país.
Los departamentos de Valle, Putumayo, Chocó, Cauca, Meta se caracterizan por tener un predominio de la gran propiedad sobre otros rangos de tenencia como el microfundio, pequeña y mediana propiedad; encontramos que en estos departamentos la gran propiedad con más de 10 UAF, concentra más del 50% de la tierra, tal como lo revelan los valores de la distribución porcentual, en Valle el 72.5% de la tierra tiene predominio de la gran propiedad, seguido por Putumayo con un 72.1%, Chocó con un 65.5% y Cauca con un 53.7%.
Pese a que la situación de predominio de la concentración de la tierra bajo la gran propiedad es preocupante en los departamentos con presencia de las comunidades que participan en la REDA, el solo análisis del acceso a la tierra para estas
comunidades, revela que la mayor parte de estos procesos se ubican en rangos de tenencia correspondientes al Microfundio, es decir el acceso de estas comunidades tienen valores inferiores a una UAF, que es el criterio mínimo de acceso a la tierra que garantizaría una generación de ingresos cercana a tres salarios mínimos9.
Adicionalmente la precaria situación de acceso, se ve agravada por los escenarios de informalidad en la tenencia, los conflictos de uso con empresas de distinta índole, la imposibilidad de movilidad y uso del suelo y los recursos.
a. PUTUMAYO ZONA DE RESERVA CAMPESINA
Actualmente la ZRC Bajo Cuembí Comandante, cuenta con una extensión de 22.000 hectáreas ocupadas por 722 familias, el promedio de tamaño de la unidad familiar es de 30.47 has, que no alcanzan a ser la mitad de una UAF, que para el municipio de Puerto Asís está calculada en 70 has. El limitado acceso a la tierra, condiciona y restringe las posibilidades de consolidación de un patrimonio familiar, las comunidades campesinas pertenecientes a la ZRC actualmente se encuentran tramitando procesos de ampliación y formalización de la propiedad en la misma, dado que a todas luces se evidencia la necesidad de por lo menos garantizar una UAF por familia.
Adicionalmente estas mismas comunidades vienen construyendo y elaborando el Plan de Desarrollo, dentro del cual se prevé, el ordenamiento territorial, para optimizar el uso del territorio y la protección de zonas de reserva para las generaciones actuales y futuras. Sin embargo se calcula que el 40% de las familias no cuentan con una seguridad jurídica de sus predios, las comunidades vienen desarrollando la propuesta POTA, como una herramienta que permitirá clarificar los linderos de las unidades familiares, la destinación de usos específicos del suelo, para lo cual requieren de apoyo presupuestal y técnico que les permita avanzar rápidamente en la caracterización poblacional y territorial y concretar a través de la zonificación, posibilidades viables de manejo del suelo y los recursos naturales.
GRUPO PORVENIR – VEREDA ANCURÁ Y NARIÑO- NARIÑO
Actualmente vienen siendo ordenadas 118 has, bajo la lógica campesina de producción limpia y diversificada, conservación y recuperación de recursos
9 Según el libro “Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia” la UAF. Microfundio menor a 0.5 UAF; pequeña propiedad de 0.5 a 2 UAF; mediana propiedad más de 2 a 10 UAF; gran propiedad más de 10 UAF
naturales y salud preventiva, las familias pertenecientes a este proceso demostrativo de manejo agroecológico, con posibilidad de ampliación en la región, vienen demandando respeto a la figura de Zona de Biodiversidad, como estrategia jurídica y política de defensa del territorio. Actualmente la amenaza más grave la constituyen conflictos de uso relacionados con exploración y explotación de hidrocarburos, por parte de Ecopetrol y Vetra Colombia, y la implementación de grandes extensiones de palma.
CONSEJO NASA
Pese a que el criterio de UAF se aplica principalmente a comunidades campesinas, puesto que los territorios colectivos de comunidades indígenas y afrodescendientes merecen consideraciones especiales relacionadas con las particularidades culturales y formas de relacionamiento con la tierra, que trascienden la noción productiva, y establecen Usos sagrados, de regulación ambiental, entre otros. Sin embargo de los siete resguardos del pueblo Nasa, seis de ellos presentan valores inferiores a las UAF de sus municipios.
Los valores establecidos por el Incoder para las UAF, del municipio de Puerto Asís corresponden a 70 has, Puerto Guzmán 61 has, Mocoa 35 has y Villa Garzón 53 has, no obstante el promedio de tierras a nivel de familia no alcanza a ser ni siquiera la mitad de una UAF, y en algunos casos ni un cuarto de esta unidad. Adicionalmente preocupa para el caso del pueblo Nasa que existen más de 1147 familias que ocupan territorios que no han sido declarados bajo la figura de resguardos, de ahí la necesidad urgente de acelerar los procesos de reconocimiento etnológico y declaración de estas tierras bajo las figura de resguardos. Pese a la solicitud de reconocimiento de 4979 hectáreas para las 1147 familias, el porcentaje para desarrollar las actividades agrícolas, no superaría el hectariaje de 4.34 por Familia; adicionalmente las comunidades indígenas nasa, propenden por un reconocimiento de sus territorios, más allá de las áreas comprendidas por los resguardos, pues dependen en gran medida de poder generar procesos de uso y aprovechamiento en áreas que no están bajo estas figuras.
Es importante señalar que para el caso de putumayo, tanto las comunidades indígenas como campesinas vienen trabajando en generar a través de los POTA, diagnósticos integrales de sus territorios, que permitan por una parte monitorear situaciones críticas que enfrenten a las comunidades con empresas por recursos críticos como el agua y el petróleo, en donde se
aboga por generar áreas estratégicas donde se mitiguen los impactos ocasionados por la extracción petrolera. PUEBLO KAMENTSÁ
Existen dos áreas tituladas como propiedad colectiva mediante la figura del resguardo, la primera por medio del decreto ejecutivo del resguardo de la parte baja, y la segunda por medio de la resolución N° 0173 de 28 de Noviembre de 1979, emanada de la Junta Directiva del INCORA, para el reguardo de la parte alta. En la parte alta existe distribución parcelaria así como zona de reserva; en la parte plana la distribución es totalmente parcelaria. Además existe la propiedad particular.
El Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e INVIAS desconocen la existencia de los Pueblos Inga y Kamëntsá dentro del Territorio ancestral, lugar por donde se construirá el modulo vial Variante San Francisco - Mocoa como parte del Mega proyecto vial (IIRSA) Corredor Multimodal Tumaco – Pasto – Mocoa – Puerto Asís –Belén Dopara en el Brasil.
Las posibilidades de uso del territorio se ven seriamente comprometida, tanto por los procesos de parcelación, como por el proyecto de construcción vial, que se adelanta sin que el proceso de consulta y consentimiento previo se haya desarrollado apropiadamente. Por otra parte afectaría seriamente las posibilidades y demandas de estas comunidades por la ampliación de sus territorios.
La ejecución de la Variante generará daños irreversibles no solo en la dimensión ambiental, sino también desde la dimensión cosmogónica de ambos pueblos en la medida que la obra abre la incursión de la explotación minera, de recursos naturales, hídricos e hidrocarburos acciones que se constatan a través de documentos y mapas expedidos por INGEOMINAS en los que se observan las concesiones de explotación minera concedidas a Multinacionales por cuanto la variante pasa justo por donde están ubicadas las minas.
b. CAUCA SUCRE
El acceso a la tierra en sucre presenta dos escenarios importantes, el primero relacionada con la condición de los campesinos que tienen tierra pero que no alcanzan a tener ni siquiera media UAF, pues el promedio de
las fincas que actualmente poseen las comunidades son inferiores a 1 hectárea, aunque la UAF del municipio sea de 14 has; por otra parte el 45% de las familias no tienen tierra y se encuentran en condición de tenedores.
Adicionalmente relacionado con el Uso de la tierra, muchas de las áreas en donde se encuentran los acueductos comunitarios y los nacimientos de agua, son de propietarios privados, que condicionan la posibilidad de acceso a este bien estratégico, fundamental para el desarrollo de cualquier actividad agropecuaria. Las asociaciones campesinas de esta zona viene insistiendo en la declaración de estas áreas relacionadas con las cuencas y micro cuencas hidrográficas, como áreas de usos de conservación y de interés general. Las comunidades asentadas en estas zonas, vienen trabajando desde los POTA, la caracterización territorial con un enfoque en las cuencas hidrográficas, que permita generar por una parte reglamentación del suelo para este tipo de áreas, clarificación de los límites municipales y con ello la posibilidad de acceso al recurso hídrico y levantamiento de información de las unidades familiares, como herramienta que permita el reconocimiento jurídico y titulación de las tierras que actualmente poseen y el acceso a baldíos, de igual manera pretenden generar programas e incentivos para fortalecer sus estrategias de uso y aprovechamiento de las unidades productivas10 , para ello propenden por la participación en la revisión y actualización de los EOT, el reconocimiento de sus iniciativas de caracterización y zonificación territorial y propuestas de reglamentación de usos del suelo.
SAN ANTONIO DE INZÁ
Las familias de esta región, enfrentan graves problemas de acceso a tierra, en medio de una altísima informalidad de la misma. El promedio de has para uso y aprovechamiento familiar no supera 1 ha. Adicionalmente las posibilidades de uso agropecuario, se desarrollan con serias limitaciones, dados los graves problemas erosivos que se vienen presentando en la región, consecuencia de los monocultivos de café en zonas de ladera y los procesos de deforestación asociados al mismo. Sin embargo la baja
10 Dentro del marco del proceso POTA, las comunidades vienen generando Zonificación de sus fincas o unidades productivas, en donde pequeños predios pueden tener hasta 8 áreas bien definidas con usos específicos: áreas de agricultura, áreas pecuarias, áreas de reserva, áreas de amortiguamiento y conservación, áreas de vivienda, áreas recreativas, áreas de pastos y rastrojos. El ordenamiento de la unidad productiva, pretende ser una experiencia demostrativa de aprovechamiento integral de la tierra bajo prácticas agroecológicas y responsables ambientalmente, que deben ser apoyadas con incentivos productivos, garantías para el autoabastecimiento de insumos como las semillas, y mecanismos de dotación de maquinaria comunitaria, con el fin de que el uso y aprovechamiento de la tierra genere valor agregado en la producción mediante la posibilidad de transformaciones en lo local, para ir más allá del valor en bruto de la producción.
disponibilidad de tierras adjudicables a campesinos que vienen haciendo ocupación continua desde hace varios años, contrasta con el desarrollo de la gran minería que actualmente tiene una proyección de 128 has en la región de la Plata e Inzá
ARGELIA
En el municipio de Argelia actualmente el acceso a la tierra está limitado por el sobrelapamiento que presentan muchas de las fincas que estos campesinos poseen con Reservas forestales ley 2/59, el reconocimiento y formalización de la propiedad ha surtido muchas dificultades por las limitaciones en los procesos de sustracción, que generalmente se simplifican y agilizan para el otorgamiento de licencias mineras, que para surtir procesos de titulación.
Las posibilidades de acceso y uso, suponen entonces: 1) Facilitar los procesos de sustracción para efectos de titulación respetando criterios de función social y ecológica de la propiedad, conectividad a través de corredores agro-productivos de campesinos, que generen tanto conectividades productivas como a nivel de paisaje; 2) Legalización y reconocimiento productivo de caseríos y asentamientos consolidados en estas áreas; 3) Incentivos productivos y asistencia técnica para campesinos que busquen alternativas para el aprovechamiento del recurso forestal, en estas áreas de manejo especial, en donde los planes de manejo deben propender por la conservación de estas áreas mediante el rescate de prácticas productivas tradicionales; 4) Mecanismos para monitoreo, prevención y exigencias de mitigación de impactos generados por desarrollo minero, que comprometen la viabilidad de recursos críticos en estas zonas; 5) Inclusión de campesinos y posibilidades de participación de los mismos en los Planes y esquemas de ordenamiento territorial con influencia en estas áreas, para establecer de manera conjunta acciones que favorezcan el uso y reglamentación adecuada de estas áreas, para evitar el deterioro ambiental de las regiones.
c. VALLE TRUJILLO
Las tres asociaciones campesinas de Trujillo, enfrentan de igual manera el reconocimiento de los predios que actualmente ocupan y propenden por adelantar y agilizar los procesos de deslinde, formalización y actualización y
saneamiento del impuesto predial11. Adicionalmente en la región se presenta una alta población de campesinos sin tierra que propenden por el acceso a la misma, caso de la finca que estaba en proceso de adquisición por el Incoder, el cual sorteó la segunda fase para la parcelación de 99 hectáreas donde sería beneficiarías 17 familias y que posteriormente fue interrumpido por conflicto de intereses de uso con la empresa Cartón de Colombia; adicionalmente el acceso a la tierra debe pasar por una valoración y determinación de las necesidades de otorgar un mayor número de hectáreas que se acerque a l valor de la UAF del municipio de 8 has, pues actualmente las familias cuentan con 1 a 5 hectáreas para su explotación. NONAM
La comunidad indígena Nonam cuenta con 25 familias que actualmente tienen bajo figura de resguardo 236 has, el análisis en clave de UAF, arroja que aproximadamente el promedio por familia es de 9.22 has, frente a una UAF del municipio de Buenaventura correspondiente a 7 has, sin embargo es importante mencionar que de esas 236 has, solamente son aptas para desarrollar actividades productivas 125 has, las restantes 111 has están destinados a usos de conservación, de esta forma la disponibilidad de tierras para el desarrollo de actividades agropecuarias se reduce a 5 has, estando por debajo del promedio de la UAF municipal; reflejo de esta carencia de tierras, se evidencia con las demandas más apremiantes de esta población relacionada con acceso a tierras que les permitan garantizar su soberanía alimentaria, pues la tierra que actualmente tienen es limitada para responder a los requerimientos dietarios de la población.
Adicionalmente existe solicitud de ampliación y saneamiento del resguardo por un valor aproximado de 2500 has, área que permitiría por un lado garantizar la producción agropecuaria para el consumo interno y posibilidades de generación de excedentes; así como contar con una porción del territorio que garantice otros usos relacionados con áreas de conservación para la producción artesanal, el acceso a recursos de flora y fauna de los que etas comunidades dependen altamente por sus prácticas de medicina tradicional, y cacería. Cabe señalar que por su tradición seminomada e itinerante, los Nonam dependen de otras áreas a nivel regional que actualmente no se encuentran dentro de su resguardo y que seguramente sobrepasarán las posibilidades de
11 La posibilidad de acceso a la tierra, especialmente para personas que sufrieron desplazamiento, debe propender por el goce efectivo de los derechos, esto quiere decir que si uno de los factores como las deudas pasivas generadas con el presupuesto, condiciona o limita la posibilidad de ejercer el derecho a la propiedad, deben buscarse alternativas que le permitan a las víctimas regularizar esta situación, de manera tal que se generen mayores garantías para el acceso a la tierra.
ampliación, pero que indiscutiblemente su supervivencia física y cultural, por ejemplo el acceso a ríos, etc., sobre los cuales se requiere incluir consideraciones respecto al Uso para estas comunidades. NAYA
De las 190.000 has pertenecientes al título colectivo de comunidades negras, solamente han sido entregadas 90.000 de ellas, con lo cual las comunidades afrodescendientes demandan la formalización del porcentaje restante de su propiedad. Así mismo las posibilidades de uso del territorio, se deben materializar a través del reconocimiento de la tradición productiva , usos tradicionales y prácticas de manejo de estas comunidades, para lo cual se necesita apoyo presupuestal y técnico a las entidades territoriales étnicas, así como reconocimiento y acato institucional de la capacidad de gestión, propuestas y planes de ordenamiento territorial, planes de manejo y planes de desarrollo de las mismas. Adicionalmente cabe señalar que la posibilidad de uso para el caso del Naya, están relacionadas con la adecuación y recuperación material de los suelos afectados por el conflicto armado interno, es el caso de las áreas que se encuentran dentro del título colectivo, afectadas por ocupantes de mala fe apoyados por el paramilitarismo, que en promedio se calcula tienen 3000 has controladas con la implementación de cultivos de uso ilícito. COMUNIDAD KM9
Actualmente la comunidad afrodecendiente, no cuenta con la titulación y reconocimiento jurídico administrativo de sus derechos colectivos sobre el territorio que vienen ocupando y transformando ancestralmente; esta situación de informalidad, facilita la ocurrencia de iniciativas como la construcción de un puerto por parte del Consorcio Filipino Portuario S.A, por una parte generaría graves deterioros a nivel ambiental, como imposibilitaría las posibilidades de desarrollar prácticas cotidianas que vienen adelantando las comunidades en relación con el ecosistema río. Por otra parte las comunidades vienen demandando la clarificación de los límites de su territorio, con el fin de que no se adelanten titulaciones individuales, o se declaren figuras territoriales que dificulten la materialización de sus derechos territoriales.
d. CHOCÓ CURBARADÓ
El título colectivo del Curbaradó tiene una extensión de 42792,88, sobre el cual existe actualmente una solicitud de ampliación, para la inclusión de 94 títulos individuales (Resolución 2424 de 10 de septiembre de 2007 – Incoder, correspondiente a 3.291,17 has, para un total de 46.084,50; se calcula que la población afrodescendiente beneficiaria del título esta alrededor de 2200 familias, sin embargo actualmente se encuentran dentro del territorio 1347; adicionalmente se calcula que los ocupantes de mala tiene bajo su dominio 3053 has, y que los repobladores engloban 895 has, para lo cual se requiere el saneamiento de un total de 3948 has. El proceso de entrega y restitución del territorio no se ha adelantado, conforme lo ordenan los autos de la corte constitucional, Auto del 18 de mayo de 2010, y de seguimiento Auto 045 y 112.
Las posibilidades de uso del territorio, parten primero del reconocimiento de las entidades territoriales responsables de la formulación y gestión de sus planes de ordenamiento territorial, conforme a sus propuestas de desarrollo de los POTA; igualmente la generación de una reglamentación sobre los usos del suelo, que por una parte incluyan y reconozca los POTA dentro de los planes o esquemas de ordenamiento territorial a nivel municipal, y por otra genere una reglamentación de los usos permitidos en la región, respetando los mapas de vocación y la función ecológica y social de la propiedad, que definen para el Chocó, principalmente usos de conservación, forestal y agroforestal, que van en contravía de los usos actuales del territorio, relacionados con la ganadería extensiva, cultivos extensivos de aprovechamiento agroindustrial, explotación minera, entre otros. Las posibilidades de uso, pasan también por la adecuación de tierras, (regulación de recursos críticos; mantenimiento de los distritos de riego; dotación de infraestructura en función de la producción – bancos de maquinarias comunitarios- y el aprovechamiento responsable de la biodiversidad; asistencia técnica; acceso a insumos de producción – bancos y mecanismos de recuperación de semillas-) y la recuperación del suelo (suelos afectados por erosión y procesos de deforestación, suelos afectados por fumigación, y suelos afectados por el desarrollo del conflicto – muse, minas antipersonales-). JIGUAMIANDÓ
Las posibilidades de uso, parten de las garantías para la generar una reglamentación del suelo, que provea protección y conservación de áreas estratégicas correspondientes a: ciénaga el Hobo, cerro cara de perro , cadena
montañosa las palomas , fuentes de agua (Río Jiguamiandó, Río Urada, Rio El Hobo, Sapayal, quebrada las Menas, rio Jarapeto, quebrada la rica, quebrada taparos, bijao); la estrategia POTA, pretende clarificar usos del territorio con miras a generar una reglamentación de aplicación externa e interna, por ejemplo el reglamento interno de la cuenca, estipula claramente que no puede haber aprovechamiento de ningún tipo a menos de 50 mts de la rivera de los ríos, estableciendo precedentes de manejo. Adicionalmente las posibilidades de uso de tierras aptas para la agricultura, está condicionado actualmente por la pérdida de estas áreas, dado el impacto ambiental generado por el taponamiento de río Jiguamiandó, para lo cual se necesita concretar acciones urgentes que conduzcan al destaponamiento y a la recuperación de estas tierras. PEDEGUITA –MANCILLA Comunidad Nueva Unión
La comunidad de Nueva Unión pertenece al título colectivo de Pedeguita y Mancilla, la extensión aproximada de Nueva Unión asciende a las 1000 has, de las cuales más de 500 has están controladas actualmente por ocupantes de mala fe y repobladores de Asoprobeba, de las estructuras paramilitares vinculadas a Carlos Castaño; adicionalmente se vienen adelantando procesos de parcelación a personas externas a estas comunidades. VIGIA DEL CURBARADÓ Comunidad de Santa Rosa de Limón
El territorio tiene una extensión aproximada de 2600 has que le corresponden a 37 familias, sin embargo actualmente solamente se encuentran dentro del territorio 11 familias que en su intento de regresar solamente disponen de una finca, las posibilidades de uso y acceso a la tierra para esta comunidad están limitadas y comprometidas seriamente.
El título colectivo asciende a 33.908 has, actualmente se desarrolla una intervención inconsulta de la Empresa Maderas del Darién, con daños ambientales, como desvío de ríos, tala de árboles y el taponamiento del río, que a la fecha requiere de una construcción y reubicación del asentamiento que se vio afectado por este fenómeno. ALTO GUAYABAL
Actualmente la comunidad Embera del resguardo Urada Jiguamiandó, enfrenta graves posibilidades de ejercer los derechos colectivos sobre su territorio, pero además la supervivencia como pueblo, por las amenazas latentes sobre el Cerro Cara de Perro o Jaikatuma. Las exploraciones sobre este cerro sagrado han sido
adelantadas por la empresa Mueriel Mining Corporation, favorecidas por el apoyo y respaldo del ejército, puntualmente de las brigadas 15 y 17 que han acompañado a los ingenieros que vienen tomando muestras. En el año 2004 la Mureil obtuvo la concesión para la explotación minera, donde se comprometería la viabilidad de 160.000 has, 75% de ellas en el Chocó, la empresa ha argumentado adelantar procesos de consulta, sin embrago, estos procesos se adelantaron con líderes indígenas que no pertenecen al territorio afectado.
El Cerro Cara de Perro, es un punto cosmoreferencial y sagrado para estas comunidades, además de ser un importante escenario para la regulación de ciclos hidrológicos y viabilidad de especies de flora y fauna, el mismo Río Jiguamiandó y otros 17 ojos de agua tienen su origen en este lugar, recurso crítico del que dependen no solo las comunidades indígenas sino otras comunidades afrodescendientes y campesinas. CACARICA
El titulo colectivo abarca 103.000 has, sin embargo las posibilidades de uso de la tierra se ven limitadas por: 1) La iniciativa del Canal seco por parte del gobierno actual, sin que existan procesos de consulta; 2) Las afectaciones y daños ambientales generados por la empresas Maderas del Darién – que no han sido reparados- con una extensión aproximada de 8200 has afectadas por año, en donde se evidencia el desvío de ríos, las contaminación de aguas y pérdida de biodiversidad asociada a estos cuerpos de agua; 3) Adjudicaciones para el desarrollo de la Trasversal de las Américas sin que se hayan desarrollado procesos de consulta previa; las comunidades han entablado una acción popular que no ha sido resuelta por los jueces
e. META CIVIPAZ – MUNICIPIO EL CASTILLO
Actualmente la comunidad Civil de Vida y Paz – CIVIPAZ, cuenta con 68 familias que en promedio cuentan con una unidad productiva inferior al promedio de la UAF del municipio del castillo equivalente a 65 hectáreas, en un rango de tenencia correspondiente al microfundio. Las posibilidades de acceso y titulación, debe cubrir la formalización de la propiedad, pues apenas un 20% de las familias son actualmente propietarios, y existen en curso aproximadamente 57 solicitudes de titulación, las cuales no se han podido concretar por las dificultades para levantar las medidas de protección. Mediante el decreto 2007 se congelo las transacciones de tierras en el Ariari, sin embrago en la actualidad dada la decisión de
retornar a las tierras de las familias acompañadas, se evidencia la urgente necesidad de proceder con la titulación, no obstante la administración actual se niega a levantar esas medida y bajo una interpretación equivocada del decreto no permite comenzar y agilizar la formalización de la tierra; cabe mencionar que los alcances del decreto no eran congelar las transacciones de los bienes, sino por el contrario:
1. Que el Incoder por obligación reconociera y contabilizara el tiempo del desplazamiento.
2. Dar prioridad a los procesos de titulación de predios; las comunidades proponen con miras a destrabar estos procesos, revisión de los casos donde las medidas de protección no han sido levantadas para efectos de titulación de poseedores, participación con poder de decisión de miembros de la comunidad dentro de los comités de población desplazada, y medidas correctivas para evitar la parcialización de las administrativas, que ameriten procesos disciplinarios y de investigación; así mismo que existan acciones populares o de grupo que aceleren los procesos de levantamiento de las medidas de protección.
Las posibilidades de uso y reglamentación del suelo, parten de la inclusión y participación de la comunidad campesina en la reactualización del EOT, en donde se propenda por declarar aéreas de conservación y manejo especial pertenecientes a la sociedad civil, aquellos espacios estratégicos por la posibilidad de acceso al gua, adicionalmente se debe dar el reconocimiento y formalización de aquellos predios que son claves para garantizar el sostenimiento de los acueductos comunitarios.
f. MAGDALENA La asociación de mujeres de Orihueca, integra 25 familias de campesinos y campesinas sin tierra, que solicitan acceso a tierra, mediante la adjudicación de una finca de 200 has en el municipio de Zona Bananera.
| Dpto Proceso Municipio Has No. Familias Tamaño predio familiar UAF Mpio. Situación Jurídica Putumayo
Zona de Reserva campesina Bajo Cuembí Comandante
Puerto Asís
22.000
722
30.47
70 - Solamente el 60% de las familias son propietarios, falta un 40% por formalización -Solicitud de estudio para proceso de ampliación de ZRC
Consejo Regional Nasa
Resguardo Alto Lorenzo
Puerto Asís
1377
78
17.65
70 -Siete resguardos legalmente constituidos con solicitudes de ampliación por 1577 has. -Existen 18 parcialidades en proceso de reconocimiento etnológico sin garantías jurídicas sobre la tierra -Más de 1147 familias no cuentan con titulación de tierra
Nasa Cxab
Puerto Asís
39.15
47
0.83
70
Resguardo El descanso
Puerto Guzmán
74.60
23
3.24
61
Resguardo Porvenir la Barrialosa
Puerto Guzmán
3279
56
58.55
61
Resguardo Aguadita
Mocoa
98.87
23
4.29
35
Resguardo La florida
Mocoa
8459
52
162.67
35
Resguardo
San Luís
Villa Garzón
1588
102
15.56
53
Dpto Proceso Municipio Has No. Familias Tamaño predio familiar UAF Mpio. Situación Jurídica Cauca
Asociación Campesina Bienandantes y Huerto Renacer
Sucre
6
11
0.54
14 - 5 familias no tienen tierra, trabajan en predios de familiares, solicitan adjudicación por 20 has - Solamente 1 familia tiene título de propiedad
Inzá
Inzá
8
8
1
13 -Total de familias con informalidad en la tenencia Valle
Nonam
Buenaventura
236
25
9.44
7 -Solicitud de ampliación resguardo
Comunidad Km9
Buenaventura
11.400
119
95.79
7 -No existe titulación colectiva de estas has
Consejo Comunitario Río Naya
Buenaventura
190.000
3839
49.49
7 -Actualmente solo han sido tituladas 90.000 has
Asoaesca
Trujillo
15
5
3
8 -Total de familias con informalidad en la tenencia Deslinde, predial impuestos, -Proceso de adjudicación de 99 has para 17 familias no se completa por conflictos de uso con Cartón de Colombia
Asokoinonia
Trujillo
10
5
2
8
Asavip
Trujillo
32
7
4.57
8 Meta
Civipaz
El Castillo
3400
68
50
65 -Solamente el 20% son propietarios -Aproximadamente existen 57 solicitudes de titulación -Pendiente entrega de tierras para
Dpto Proceso Municipio Has No. Familias Tamaño predio familiar UAF Mpio. Situación Jurídica Chocó
Curbaradó
Rio Sucio
42792,88
3547
12.06
Indeterminado
-Actualmente viven aprox. 1347 familias, 2200 se encuentran por fuera del territorio, se acompañan 103 familias
Jiguamiandó
Rio Sucio
51870
2550
20.34
Indeterminado -62 títulos individuales con una extensión de 3102 has, las comunidades vienen demandando se incluyan dentro del título colectivo ( Resolución 2424 del 10 de septiembre de 2007) - Aproximadamente 1831has con 9615 metros, están bajo control de ocupantes de mala fe - Actualmente viven en la cuenca 650 familias, se calcula que 1900 familias aprox. se encuentran por fuera del territorio, se acompañan 114 familias
Cacarica
Carmen del Darién
103.000
1099
93.72
Indeterminado
-Actualmente viven aprox. 700 familias, se acompañan aproximadamente 66.4 familias
-Superposición con PN, propuesta de uso acordado
- Proceso de titulación en tramite
Dpto Proceso Municipio Has No. Familias Tamaño predio familiar UAF Mpio. Situación Jurídica Antioquia
Dabeiba
99.7
31
3.21
6
-Actualmente 31 familias viven dentro de la Zona Humanitaria Asociación de Vida y Trabajo la balsita, con una extensión de 99.7 has, solamente 5 familias han podido declarar sus fincas como Zonas de biodiversidad, donde realizan actividades productivas por fuera de la Zona humanitaria con una extensión de 135 has, siendo el promedio de cada finca de 27 has
- Beneficiarios indirectos 25 familias que han podido retornar a sus fincas
- Las posibilidades de uso de estas comunidades adicionalmente se ven comprometidas por: la explotación de Magnesio y la construcción de la represa de Ituango, que inundará muchos de los territorios de estos campesinos.
0
5000
10000
Clasificación por Género
Mujeres
Hombres
4. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DE COMUNIDADES CONSTRUYENDO LA PAZ EN LOS TERRITORIOS.
Dentro del proceso de caracterización territorial que se desarrolla en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial Alternativo (POTA) se ha identificado que la población que hace parte de la REDA se aproxima a las 29.334 personas; de ellas el 48 % son mujeres y el 52 % son hombres12.
Así mismo, dentro de este proceso de caracterización, en las comunidades y organizaciones que integran la Red se encuentran grupos poblacionales como campesinos – mestizos 11%, campesino - afrodescendientes 68% y campesino indígenas 21%; esta información evidencia el carácter multicultural del proceso organizativo13.
12 Fuente, proceso de caracterización territorial POTA 2012
13 Ibídem
0
5000
10000
15000
20000
Antioquia
Choco
Cauca
Meta
Putumayo
Valle
155
1213
540
340
8376
18710
Información Demográfica
Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, REDA
Antioquia
Choco
Cauca
Meta
Putumayo
Valle
11%
68%
21%
Grupos Poblacionales
Campesino - Mestizo
Campesino-Afrodescendiente
Campesino - Indígena
5. CONDICIONES DE VIDA
El punto de partida del proceso de análisis de las condiciones de vida de las mujeres y hombres que integran las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios de Red de Alternativas, REDA, parte de identificar el nivel de acceso a los DESCA entendidos como la posibilidad para disfrutar condiciones materiales necesarias que les permiten desarrollar de manera integral sus proyectos de vida, como individuos y como colectivos.
Para ello retomáremos elementos estructurales que plantea el Pacto Interamericano de Derechos Económicos Sociales y Culturales como son el reconocimiento al derecho al trabajo y a la libre elección de este en condiciones justas, equitativas y como del acceso o negación de este derecho se pueden medir todos los derechos relacionados con la subsistencia del ser humano, es decir alimentación, salud, educación, vivienda. Así las cosas el acceso al derecho fundamental del trabajo permite garantizar condiciones dignas de vida.
En este orden el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” Lo anterior nos permite inferir que el acceso y goce efectivo a estos
derechos le permite asegurar un nivel de vida adecuado dentro de las perspectivas culturales de cada individuo.
Las organizaciones que integran la REDA han venido diseñando modelos de desarrollo integrales y sostenibles desde el reconocimiento de sus capacidades locales, en aras de generar procesos armónicos de producción y conservación de la biodiversidad; sin embargo, estas propuestas entran en conflicto con el reconocimiento material de la Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y la agudización de las condiciones de pobrezas en medio de procesos de desarrollos basados en la extracción y explotación de la biodiversidad.
En ese orden, el hacinamiento, viviendas inadecuadas y poco saludables, las precarias condiciones sanitarias, la desescolarización y la capacidad de subsistencia dan cuenta de un NBI14 muy alto, con espacial concentración en Cocho con un índice de 94,4%, seguida de Antioquia, municipios de Dabeiba y Murindó con 86,3% y Putumayo 78,7%
14 Fuente DANE, Censo 2005
0
20
40
60
80
100
Antioquia
Choco
Cauca
Meta
Putumayo
Valle
Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Antioquia
Choco
Cauca
Meta
Putumayo
Valle
a. Niveles de ingresos
Las 5.866 familias que integran la Red tienen como fuente de ingresos principal la agricultura, sin embargo los ingresos que de esta actividad económica se derivan no superan el salario mínimo mensual vigente, en contraposición a esto, el nivel de egresos es muy superior a su capacidad adquisitiva.
Esta situación ubica a las familias en un margen de pobreza elevado dado que en un alto porcentaje de los hogares tienen en promedio 5 miembros; dicho de otra manera las condiciones de bienestar son inferiores al mínimo necesario para la sobrevivencia en condiciones dignas.
Las condiciones de empobrecimiento de las comunidades, se evidencian y se refuerzan a partir de la negación del principio que fundamenta el derecho al trabajo, el cual tiene su génesis en la necesidad de percibir una remuneración justa en directa proporción a la carga de trabajo.
El contexto productivo de las comunidades que integran la Red, predomina la vocación agrícola, situación que no es diferente en el resto del país, según el Informe Nacional de Desarrollo Humano “Razones para la Esperanza” elaborado por el PNUD, indica que Colombia es un país más rural de lo que se cree, en tanto las tres cuartas partes de los municipios, es decir el 75,5% de la población se dedica a la producción agropecuaria.15
En un contexto de economía basada principalmente en la producción agropecuaria, no se cuenta con una política de desarrollo rural – productiva que articule los usos y costumbres tradicionales que satisfagan las carencias de este sector y de cumplimiento a la obligación de garantizar el derecho al trabajo como condición indispensable para generar condiciones de vida digna. Es decir, condiciones que permitan determinar que a remuneración igual, trabajo igual.
Dentro de los factores identificados en este proceso de caracterización que coadyuva a la incapacidad de generar ingresos suficientes a partir de la actividad económica agrícola y pecuaria, esta dado en las relaciones dispares entre los costos de producción sobre los ingresos que se perciben como ganancias. Sumado a esta condición, no se cuenta con la infraestructura suficiente y necesaria que permita trasformación para generar valor agregado a la producción, y una red de infraestructura vial que permita acceso a mercados.
15 Colombia Rural, Razones para la esperanza Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 PNUD pagina 18
En tal sentido, los procesos organizativos que integramos la experiencia solidaria y articulante denominada REDA: Comunidades construyendo paz desde los territorios, tenemos una comprensión del desarrollo basada en la capacidades y en las libertades; es decir, un proceso de desarrollo debe permitir la posibilidad de mejorar no solo las condiciones de vida (calidad de vida), sino que también debe necesariamente garantizar la pervivencia como colectivos dentro de nuestros territorios, pero esta permanencia no significa que se debe estar en condiciones de marginación y exclusión frente al acceso, uso y goce de los derechos que garantizan tales condiciones.
Es necesario comprender que desde las formas de vida (usos y costumbres ancestrales) las comunidades han garantizado hasta hoy un modelo de desarrollo sostenible, unas formas de producción de alimento que han abastecido a Colombia y a la humanidad; no obstante, estos modelos de desarrollo que se han implementado se ven amenazados por las negación constantes de los derechos que garantizan esos mínimos vitales suficientes para para generar condiciones de vida digna.
El proceso de caracterización, ha permitido identificar aquellas situaciones vulnerantes de los derechos ancestrales al territorio y las formas de vida en condiciones dignas, así mismo, ha permitido identificar propuestas alternativas que permitirán garantizar la pervivencia en condiciones de justicia.
Estas propuestas se categorizaron a partir de garantizar un modelo de desarrollo integral y sostenible desde un enfoque de territorio. Una vez garantizadas las condiciones materiales y jurídicas de acceso a la tenencia de la tierra, es necesario que 1)El Estado genere condiciones para el fortalecimiento de la producción tradicional local, 2) Se fortalezcan y promocionen nuestras experiencias de economía justa y solidaria, 3) Se generen los espacios para la gestión comunitaria para el desarrollo local, lo cual implica la realización de convenios interinstitucionales para la certificación de nuestros productos en aras de condiciones justas para la comercialización, 4) Mejoramiento de condiciones de vida para adultos mayores y personas con discapacidad
b. Acceso a educación y salud
El 89% de las comunidades que forman la Red de Alternativas, han desarrollado modelos que fortalecen los procesos de educción propia16, comprendiéndola como una experiencia de retroalimentación generacional que trasciende las lógicas de las
16 Fuente: Proceso de Caracterización territorial en el marco del POTA
aulas de clase.17 Empero, estas prácticas de calidad de vida, de eco desarrollo local no cuenta con el reconocimiento del Estado- Las problemáticas más notorias se fundamentan en el no reconocimiento jurídico de las instituciones educativas y la inseguridad jurídica de los educadores de las comunidades, esta situación es evidente dentro del proceso Nasa, es necesario el nombramiento en propiedad de 30 educadores; o en los procesos afrodescendientes de educación en el territorio colectivo del Cacarica, Jiguamiandó y Curbaradó se asimila, en tanto requiere el nombramiento en propiedad de 50 educadores, los cuales como requisito fundamental deben hacer parte del proceso organizativo y comunitario o en la ausencia de Universidades Rurales para contribuir al arraigo de los habitantes rurales y el desarrollo de apuesta ecoproductivas y empresariales sostenibles y sustentables para la paz.
El 90% de las Instituciones de Educación Rural (IER) con influencia o sede en las áreas de los procesos organizativos que integran la REDA cuentan con un Proyecto Educativo Institucional Alternativos (PEIA) que no son reconocidos y que parten de los planes de vida y de desarrollo comunitarios18. Estos PEI no tienen vocación técnica – agropecuaria que parta del reconocimiento de las prácticas tradicionales de producción campesina desde la perspectiva mestiza.
El goce efectivo del derecho a la educación y a la salud se determina por las condiciones de disponibilidad, que se relaciona con la infraestructura necesaria para darle un soporte concreto al derecho. Los territorios donde cobran vida las iniciativas de la Red, no cuentan con el número suficiente de establecimientos educativos, ni centros de salud que permitan garantizar esta primera categoría de disfrute.
En atención al acceso y goce efectivo del derecho a la salud, cada establecimiento debe ajustarse a estas condiciones culturales, de género y ciclos vitales, dado que la salud debe ser comprendida como un estado de relación armónica del individuo y su entorno, y por ende ubica todas las dimensiones del desarrollo; para garantizar esta condición el Estado debe reglamentar una política pública integral de atención que garantice el goce efectivo de este derecho en armonía con los procesos ancestrales y sistemas de creencias19.
El proceso de análisis y caracterización de las comunidades y sus territorios ha identificado necesidades del orden de disponibilidad, aceptabilidad y calidad ubicado como propuestas de desarrollo social integral que deben permitir:
17 Declaración Política: 6to Movimiento Ecuménico y Caminata Ecológica, Cacarica diciembre 2012
18 Fuente: Proceso de caracterización territorial POTA, 2012
19 Declaración Política: 6to Movimiento Ecuménico y Caminata Ecológica, Cacarica diciembre 2012
1. La focalización de recursos necesarios, suficientes y continuos para el mejoramiento del sistema de salud en las diferentes localidades; recursos que beben materializarse en: infraestructura (construcción, adecuación y mantenimiento de centros de salud y puestos de salud), dotación y personal idóneo.
2. Acciones de empoderamiento político organizativo para la gestión del derecho a la salud desde la sensibilización, estrategias de formación, promoción y fortalecimiento de las prácticas propias basadas en los sistemas de creencias, y con nombramiento de 12 médicos permanentes, con dotación para atención básica. Los médicos serán de las comunidades si se establece posibilidad de acceso a las 6 universidades Públicas Rurales, en 10 años los médicos y el personal serán los formados en los centros educativos propuestos.
3. Mejoramiento de la atención en salud, basado en acciones de prevención y promoción, garantizando brindar la atención adecuada y permanente en el marco de los parámetros internacionales del derecho a la salud para el mejoramiento de la calidad de vida.
4. Ampliación de cobertura en el sistema de educación, garantizando mejoramiento de la infraestructura para la construcción, mejoramiento y adecuación de las IER y las Instituciones de educación propia.
5. Mejoramiento de la calidad educativa, acción que debe traducirse en la certificación de las IER y los centros de educación Propia como colegios técnicos con énfasis agropecuaria, establecimiento de convenios para acreditación de los instituciones educativas, reformulación de los PEIA.
6. Fomentos de la dimensión cultural y artística.
7. Promoción y fortalecimiento de las dinámicas y prácticas para la recreación y deportes
8. Estrategias que garanticen el acceso a medios de comunicación, estos deben incluir redes de internet, radios comunitarias y televisión comunitaria.
d. Condiciones de hábitat rural
Para analizar la dimensión del derecho al hábitat es indispensable comprender lo rural como un sistema con una misma categoría que lo urbano20, en tanto hace referencia a un espacio territorial que abriga una intríngulis compleja de actividades productivas, de asentamientos humanos, de culturas y memorias, de procesos políticos – organizativos con especificidades y lógicas propias; desde esta mirada las comunidades campesinas – mestizas, campesinas indígenas y campesinas afrodescendientes que constituyen la REDA han generado modos particulares de utilización del espacio y de construcción de los tejidos sociales y asociativos desde sus perspectivas culturales, ancestrales y organizativas, bien sea denominando estos espacios de hábitat rural como territorios colectivos y en ellos la constitución de espacios de protección a la vida como las Zonas Humanitarias; los territorios colectivos indígenas comprendidos en los Resguardos y Cabildos, Zonas de Encuentro, Resistencias y Autonomía; Resguardos Biodiversos; y las formas campesinas de organización territorial como las Zonas de Reserva Campesina o la Zonas de Biodiversidad, Eco aldeas, Restaurantes ecológicos, Ambientalismo Social todas estas formas definición territorial basadas en la autonomía se discriminan en la siguiente tabla.
Definición del Hábitat de las comunidades que integran la Red de Alternativas Departamento Nº Re-Definición del territorio
Antioquia, Dabeiba 1 Zona Humanitaria Comunidad de Vida y Trabajo la Balsita , ecoaldeas, acueducto ambiental comunitario, agua, ganado razonable, producción limpia de frutales y de tomate 5 Zonas de Biodiversidad Cauca, Toribío, Sucre-Tequendama 1 Zona de Encuentro y Autonomía Nasa 2 Zonas de Biodiversidad, Ecoaldeas, Zona de Preservación de Agua y Acueductos Comunitarios, aromáticas, servicios ambientales
20 ECHEVERRI, Rafael. Colombia en transición. Una visión desde lo rural. Santafé de Bogotá: IICA, 1998. p 193
Definición del Hábitat de las comunidades que integran la Red de Alternativas Departamento Nº Re-Definición del territorio Chocó, Curvaradó, Jiguamiandó, Cacarica, Alto Guayabal 9 Zonas Humanitarias 89 Zonas de Biodiversidad, Eco - aldeas, producción de banano limpio, arroz, yuca, agua, protección de especies en vía de extinción 1 Resguardo Humanitarios y Biodiversos, Eco - aldeas, Hospedería Ambiental, medicina tradicional Meta, Ariari 1 Zona Humanitaria Comunidad de Vida Civil y Paz – CIVIPAZ, producción lechera, agua, producción de maíz 11 Zonas de Biodiversidad Putumayo: Perla Amazónica, 1 Zonas de Reserva Campesina, con producción limpia de arroz, plátano, servicios ambientales, aromática 3 Zonas de Biodiversidad 13 Espacios de Refugio Humanitario 8 Resguardo Nasa Valle 3 Zonas de Biodiversidad 1 Resguardo Humanitarios y Biodiversos 13 Zonas de Refugio
Es aquí donde el hábitat rural adquiere una categoría de derecho y se transforma en factor determinante para alcanzar niveles de desarrollo y de manera conjunta factor determinante en el logro de niveles de autonomía para construir las condiciones propias de desarrollo desde el principio de la autodeterminación como pueblo; es decir, hábitat y el desarrollo humano tienen una relación intrínseca con la libertad (autonomía) y no es posible hablar de libertades en condiciones de empobrecimiento y exclusión21.
21 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad.
1. Hábitat y vivienda
Desde una perspectiva instrumental y desde las lógicas de la funcionalidad, la vivienda está definida desde dos características integrantes la casa y el entorno. En su conjunto estos dos elementos tienen una dimensión de derecho y por ende una connotación jurídica que le permite ser exigible y justiciable, ya no es solo un bien de carácter inmueble, se define entonces como un derecho humano fundamental “La vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico que impone a los gobiernos la obligación de asegurar su obtención por todos los habitantes, comenzando por la asistencia directa a las clases más desfavorecidas mediante la orientación de programas de autoayuda y de acción comunitaria (...)”22
La tipicidad de este derecho, se contradice con las realidades propias que determina el acceso uso y goce a la vivienda, una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición, los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.
El 90% de las comunidades que integran la REDA carecen de los contenidos mínimos y necesarios que les permita afirmar de manera positiva que tienen un goce efectivo al derecho. La estructura de las viviendas en su mayoría, son construidas en madera con techos de zinc o de palma, pisos elevados del suelo para sortear las constantes inundaciones de los ríos, edificaciones tipo palafito.
Carecen de vías de penetración, que garanticen el acceso de manera oportuna a los establecimientos educativos, centros de salud, entre otros servicios necesarios, esta condición contribuye a un detrimento ostensible de la calidad de vida, ya que impone un gasto elevado que se traduce en un factor más de empobrecimiento para las familias.
En relación a las condiciones fito-sanitarias las viviendas no cuentan con un sistema integral de saneamiento básico, que dando expuestas a agentes contaminantes y afectando de manera gradual y continuada las condiciones ambientales y de salud de sus miembros. Un factor que eleva los niveles de riesgos es la ausencia de planes de manejo de residuos sólidos y líquidos. El 90% de las viviendas, carecen de un sistema
22 Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos: Párrafo 8 de la sección III, 1976
integral de servicios públicos, es decir, no cuentan servicio de electrificación, agua potable, gas domiciliario. Todas estas negaciones evidencian las precarias condiciones de vida, los niveles de empobrecimiento y la ausencia de un Estado garantista de derechos.
Ante la ausencia del servicio público de energía eléctrica, las comunidades deben compensarlo con la utilización de plantas eléctricas y para su funcionamiento es necesaria la compra de gasolina o ACPM. Para mitigar la ausencia de una red de abastecimiento de agua potable, se recurre medios de aprovisionamiento dependientes a las condiciones climáticas como la lluvia, otra fuente de consumo recurrente es la que generan los ríos, quebradas y aljibes. Los métodos de abastecimiento son manuales.
2. Infraestructura y la red vial
Para determinar unas condiciones de habitabilidad suficientes, es necesario valorar los equipamientos físicos con los que se cuente, en necesario contar con unas estructuras físicas y una red vial que permita y garantice no solo la movilidad, sino el acceso a derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, trabajo, comercialización de productos.
El 100% de las comunidades que integran la Red, habitan en espacios rurales, a nivel general el país no cuenta con una red vial primaria y secundaria que garantice al conjunto de la población este derecho.
Ante este conjunto de negaciones derivadas de la ausencia de una política pública integral de vivienda rural, las comunidades de la REDA proponen:
1. Gestión de plan vial como garantía para el desarrollo integral, lo que implica la construcción, adecuación y mantenimiento constante a la red vial primaria, secundaria y terciaria; incluida las redes hídricas; las comunidades administraran peajes ambientales y sociales sobre las carreteras que atreviesen sus territorios y administraran hospedajes sustentables, restaurantes sustentables y centros de atención en salud para pasajeros.
2. Programa integral de vivienda rural que cuente con las siguientes características: Adecuada y saludable.
3. Formulación del Plan de Residuos Sólidos y líquidos.
4. Formulación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos,
5. Formulación del plan de agua potable.
6. Formulación y gestión de sistemas de electrificación alternativos mediante plantas solares.
7. Programa de atención de desastre.
ANEXOS
RESUMEN PROPUESTA POTA
El Plan de Ordenamiento Territorial Alternativo–POTA, es una propuesta que vienen construyendo las comunidades y organizaciones indígenas, afro y campesinas en distintas partes del país, orientado a pensar y materializar el ordenamiento de su territorio, a partir de recabar información sobre las condiciones a nivel poblacional y territorial que existen actualmente y que condicionan la posibilidad de ejercer el derecho a la tierra y el territorio. Las comunidades y organizaciones han identificado como aspecto problemático que en la formulación del POT de sus municipios, este proceso se ha desarrollado de manera poco consultiva, participativa y democrática, por lo tanto difiere de las propuestas comunitarias de habitación y uso del territorio ya que no recoge las aspiraciones, derechos y expectativas de la población rural, pero además niega sus posibilidades y propuestas de desarrollo agrario, económico, social y cultural.
El ordenamiento territorial es una decisión política, que pretende a través de la caracterización de los componentes poblacionales y territoriales, dar cuenta del estado actual de los territorios, de las posibilidades y limitaciones de la gente para su uso, goce y disposición, así como de las amenazas latentes a nivel ecológico y social, por la implementación y consolidación de intereses particulares en la región que acaparan recursos naturales.
Durante este proceso la gente viene desarrollando herramientas como Censos Rurales Comunitarios y la Caracterización Territorial, a través de los cuales se levantará información de distinto orden. El Censo rural por ejemplo, da cuenta de aspectos como:
1. Estructura y composición familiar
2. Estado actual de derechos Civiles y Políticos, así como los DESCA
3. Información de las Unidades productivas o familiares, relacionadas con la tenencia y el uso de la tierra.
Por otra parte la caracterización territorial es una metodología de diagnóstico sobre las condiciones geográficas, hidrográficas, ecológicas, sociales y económicas de los territorios habitados por las comunidades. Una herramienta que pretende a través de la cartografía social y el análisis de información satelital, acercar a las poblaciones rurales herramientas técnicas a través de las cuales se facilite el análisis de las potencialidades y vocación del suelo para ajustarlo a los proyectos y planes de vida de las comunidades anteriormente mencionada. La caracterización territorial permite:
1. Contar con un diagnóstico claro, que les permita ejercer integralmente el derecho al territorio, dado que este es la base material fundamental para el desarrollo de la cultura, la autodeterminación y el manejo de recursos
2. Proteger su territorio, ya que aporta insumos técnicos para establecer los tipos de usos y formas de manejo propias de las comunidades, por lo tanto aporta a la planificación y administración de sus recursos.
3. Fortalecer la capacidad organizativa, de figuras propias de organización como las juntas de acción comunal en los casos de comunidades campesinas y cabildos en el caso de comunidades indígenas. Un fortalecimiento para el manejo autónomo de los territorios y la toma de decisiones sobre el mismo
4. Promover la reflexión y el diálogo al interior de la comunidad sobre el saber ancestral y actual de los pobladores, que les permite hoy en día continuar habitando, ocupando, apropiando y transformando un territorio, para de esta manera evaluar las practicas de manejo y las consecuencias positivas o negativas que estén teniendo sobre los recursos y buscar salidas a problemas actuales.
5. Visibilizar los conflictos territoriales y la posibilidad de tramitarlos, desde el reconocimiento de las propuestas desarrolladas por las comunidades frente a la administración de sus territorios.
6. Identificar áreas de especial interés o áreas estratégicas por los recursos que contienen, para establecer prioridades de manejo que permitan garantizar el territorio a las generaciones actuales y futuras.
La recopilación y sistematización tanto de la información poblacional como territorial, posibilita: dar cuenta de las condiciones reales de la población rural y sus posibilidades de crecimiento y proyección en el territorio; documentar las violaciones de derechos humanos relacionadas con el control del territorio; dar cuenta de las condiciones de vida y garantía de derechos para la subsistencia y la vida digna; visibilizar las propuestas organizativas que las comunidades han desarrollado para garantizar derechos a la educación, salud, etc. en ausencia del estado; integrar y articular el manejo de las unidades productivas o familiares a condiciones más regionales, que dan cuenta de una dinámica geográfica y ecosistémica, es decir, permite la articulación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos, de las apuestas familiares con las organizaciones comunitarias que desarrollen capacidad de gestión y administración de sus recursos.
Los POTA son entonces una herramienta de gestión, que permite en un primer momento levantar información para la obtención de un diagnóstico integral de la
población rural y el estado de sus territorios, con miras a generar procesos de planificación, construcción y definición de prioridades, toma de decisiones a nivel del territorio que sean compatibles con los objetivos y principios de las comunidades y organizaciones indígenas, afro y campesinas. Puntualmente los POTA, pretenden generar a través de la caracterización territorial y poblacional, posibilidades de desarrollo agrario, establecer y definir los USOS y MANEJO del suelo bajo criterios técnicos que respeten la función ecológica y social de la propiedad, encaminado a establecer una reglamentación que oriente las decisiones de las comunidades frente a los recursos existentes en sus territorios, pero sobre todo a definir principios y mecanismos de control que permitan hacer frente y vigilancia al desarrollo de grandes proyectos de inversión mineros, de infraestructura, de explotación agroindustrial, etc. que se han venido desarrollando con gravísimos impactos ambientales y violaciones sistemáticas a los derechos de la población rural.