INFORME DE VIAJE DE ANA, ELENA Y CARMEN, MIEMBROS DE ASOC-KATIO,

A COLOMBIA DURANTE JULIO Y AGOSTO DE 2017

DIARIO

MARTES 14 de JULIO de 2017

Llegamos a Bogotá el 14 de Julio de 2017 por la noche. En el aeropuerto El Dorado, nos espera Mónica, la asistente de Danilo Rueda, uno de los responsables de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz. Nos lleva a la residencia de las Monjas Mercedarias, en el barrio de Chapinero, donde estaremos alojadas durante nuestra estancia en la capital colombiana.

MARTES 18 de JULIO de 2017

Después de descansar, el martes tenemos una reunión con Danilo en la sede de Justicia y Paz. Es vía Skype. No le podemos ver muy bien, porque se va la imagen. Pero sí le escuchamos perfectamente. Nos saluda con entusiasmo y extraordinaria amabilidad. Que agradecemos mucho. Con detalle, Danilo nos cuenta cual es la situación después de la firma del acuerdo de Paz, y como Justicia y Paz está realizando una reestructuración metodológica del trabajo. Por lo que, ahora, ya no es necesario que los acompañantes internacionales estén viviendo en las comunidades. Y por tanto, nosotras estaremos en Apartadó y con el Equipo Local haremos visitas a las comunidades. Han considerado que nuestro acompañamiento se haga con las comunidades del Bajo Atrato. Así que allí estaremos Ana, Elena y Carmen.

Danilo nos explica la situación de las comunidades con un hostigamiento sistemático y continuo de los paramilitares de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia).  Ejercen una guerra psicológica de seducción, sobre todo entre los jóvenes.

En las comunidades hay una dinámica activa de recuperación y afirmación de la Memoria con el objetivo de transformar el presente y conseguir un futuro distinto.

 

Danilo nos explica que es importante que colaboremos en las dinámicas de formación con la población, asambleas, reuniones informales con los niños, etc. Comenta que se está intentado crear whatsapps colectivos de mensajes básicos. Y que con los desplazamientos, un alto porcentaje de jóvenes salieron del territorio.  Ahora, es importante priorizar a los jóvenes y lograr dinámicas de arraigo territorial de los que se quedan. Entre otras cosas, en este nuevo contexto, también se están haciendo talleres con la población para explicar algunos puntos de los Acuerdos de Paz, que puedan tener más incidencia en las comunidades, como pueden ser los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, recogidos en el apartado 1 dedicado a la Tierra. O las circunscripciones de Paz, que son 16 zonas acordadas en la negociación de paz entre el Gobierno y las FARC, que tendrán espacio en la Cámara de Representantes con parlamentarios propios (distintos a los obtenidos en los departamentos) y que están en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

Nos presenta al Equipo Local que está ubicado en Apartadó. Erika es la jefa del Equipo, acompañada por María Fernanda y Javier. Posteriormente, realizamos una conexión por Skype con los tres.

Danilo nos relata con detalle las características de las distintas Zonas Humanitarias a las que acompaña el Equipo.

En Curvaradó, hay 6 Zonas Humanitarias y 16 de Biodiversidad. Una zona transitoria donde están las FARC. Bastante control de los paramilitares que actúan de civiles. Hay muchos campesinos a los que no les han devuelto sus tierras y hay ocupación de tierras por parte de empresarios.

En Jiguamiandó hay dos Zonas Humanitarias: Nueva Esperanza y Pueblo Nuevo.

Son constantes las incursiones de los paramilitares uniformados. Con poblaciones indígenas - hay 6 comunidades - se trabaja en la formulación de planes territoriales.

Hay mucha plantación de palma africana, un negocio dañino y devastador para el medioambiente, por parte de la empresa Agropecuaria Campesina AGROMAR S.A. que quita terrenos a sus dueños legítimos, arrasando bosques primarios y bienes para levantar agronegocios ilegales.

Tumaradó: Dos Zonas de Biodiversidad. Hay invasión de empresarios y ganaderos y de paramilitares de civil con armas cortas.

Cacarica: Dos Zonas Humanitarias (Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida).  En Enero 2017 hubo incursión de paramilitares. Realizan labores de seducción con los jóvenes ofreciéndoles dinero. Control permanente de zonas de la comunidad. Reclaman información de lo que se mueve.

La población trabaja en la protección de la vida humana y ambiental. Y desearían poner en marcha proyectos de ecoturismo.

En Turbo (Antioquia) está la Asociación de Mujeres de Clamores, formada a raíz del desplazamiento por la Operación Génesis en 1997. Hacen un gran trabajo por mantener la Memoria.

Danilo nos explica que acompañaremos al Equipo de Apartadó, que hacen visitas continuas a las comunidades, previa valoración. Y, siempre, están alertas a situaciones de emergencia.

Hacemos una conexión vía Skype con Erika, María Fernanda y Javier. Nos conocemos y quedamos para el día siguiente en el que nos presentarán el plan de trabajo. Quedamos en llegar a Apartadó el viernes.

MIERCOLES 19 de JULIO de 2107

Reunión vía Skype en la sede de CJyP en Bogotá con el Equipo de Apartadó.

A la vista de nuestros perfiles nos presentan el siguiente programa:

Días 25 y 26: Zona Humanitaria Nueva Esperanza (Jiguamiandó)

Para llevar a cabo con los habitantes de la Zona la reposición de los carteles que señalizan la Zona Humanitaria y una zona de biodiversidad próxima que han sido recientemente deterioradas por los paramilitares de AGC con grafitis.

Además se realizará una jornada artística y cultural con la intención de involucrar a los niños de la comunidad en la misma.

Días 29 al 1: Zona Humanitaria Nueva Vida (Cacarica)

Trabajo previo de ahora a Septiembre para preparar el Encuentro de Jóvenes, que consistirá en marcar espacios ambientales, señalizaciones de basuras, etc.

Días 3 y 4 de Agosto: Zona Humanitaria Camelias (Curvaradó).

Coincide con la semana en la que están los maestros dando clases de secundaria a chicos y chicas de distintas comunidades y por ello nuestra actividad consistirá en la impartición de  dos talleres de Periodismo y Derechos Humanos y uno de Educación Sexual a Chicas y Mujeres.

Días 8 y 9 de Agosto: En Zona de Biodiversidad de La Madre Unión (la Larga Tumaradó)

Para impartir un Taller sobre Saneamiento Básico

El Equipo nos comenta el equipamiento que debemos llevar para los desplazamientos. Nos dicen que, desde hace un tiempo, llevan protección de la UNP (Unidad Nacional de Protección) del Ministerio del Interior, con coches blindados y escoltas.

VIERNES 21 de JULIO de 2017

Nos recibe el padre Alberto Franco en la sede de CJyP en Bogotá. Muy afectivo y amable, el padre nos explica la situación de Colombia y, en concreto, del Bajo Atrato.

Estas tierras son ricas en recursos naturales, como oro, minería, agua, petróleo. Los desplazamientos forzados han sido originados por el interés por las riquezas naturales y por el uso de los territorios para la agroindustria y la implantación de proyectos de infraestructuras (grandes puertos, grandes autopistas, etc.). En vez de proteger a la población rural, el gobierno ha afianzado un modelo económico y político que propicia la monopolización de la tenencia de la tierra y el destierro del campesinado, de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos indígenas.

El desalojo, la usurpación de las tierras, la ocupación y violencia por parte de los paramilitares y las múltiples violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Humanitario se han desarrollado en muchas ocasiones con la excusa de perseguir a las guerrillas. Pero no es así. Como fue el caso – dice el padre - de la Operación Génesis en la cuenca del río Cacarica. Como dice la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mataron a los campesinos para quedarse con sus tierras.

Los paramilitares utilizan las masacres, las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos y las amenazas de muerte para expulsar a los campesinos, y de esa forma acumular la tierra y utilizarla como fuente de poder, en coordinación con terratenientes y narcotraficantes.

Tal y como nos indica el padre indagamos en la Operación Génesis.

Causó la muerte y desaparición forzada de más de ochenta víctimas y tres mil quinientas personas sufrieron desplazamiento forzoso por la acción coordinada de paramilitares y Ejercito que atacaron por aire y tierra.

Se puede leer el informe completo y detallado en el siguiente link de esta página web.

https://drive.google.com/file/d/0B5vifavtvZ5SOGxpRXBwSXRObEU/view

En Noviembre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la masacre perpetrada en Febrero de 1997 en la cuenca del río Cacarica.

La Corte condenó, por primera vez, al Estado colombiano por el desplazamiento forzado de comunidades afrodescendientes. Igualmente condenó la colaboración del Ejército con grupos paramilitares en el despojo de las comunidades y la muerte y hechos crueles contra Marino López.

La Operación fue dirigida por el General Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada 17 del Ejército e instruido en la Escuela de las Américas, conocido también por las violaciones cometidas en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Fue condenado en agosto de 2012 a 25 años de cárcel por el asesinato del campesino Marino López.

Hasta hoy, los integrantes de CAVIDA – Comunidades Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica - y el grupo de Mujeres de Clamores critican que las reparaciones colectivas ordenadas por la CIDH no se han cumplido y, tampoco las individuales de manera satisfactoria y con el debido respeto a los sobrevivientes.

Muchos de ellos estuvieron desplazados durante cuatro años en Turbo en condiciones muy difíciles y de gran sufrimiento, hacinados en su gran mayoría en el Coliseo de Turbo.

Durante estos años de desplazamiento exigieron el reconocimiento como comunidades afrodescendientes. En Julio de 1998, consiguieron la concesión del título colectivo como Comunidad Negra de Cacarica de más de 103.024 hectáreas. En un gesto de coraje, y a pesar de las amenazas de los grupos armados, entre el 2000 y 2001 regresaron a su territorio y crearon las Zonas Humanitarias de Nueva Vida y Nueva Esperanza en Dios.

El padre Alberto Franco dice que la Comisión Intereclesial Justicia y Paz acompaña casos particulares que desvelan una realidad más grande que afecta a las personas y degrada el medioambiente.

Y nos remite a diversas casos denunciados por la Comisión y sentencias que prueban la connivencia entre paramilitares y empresarios y/o narcotraficantes.

Uno de los informes se refiere a la Comercializadora Internacional Banacol. Según lo investigado por CJyP la empresa productora y comercializadora de plátano, banano, piña, yuca y otros productos, beneficiándose de estructuras paramilitares, ha promovido invasiones de tierras para la producción extensiva de estos productos y acuerdos con individuos que no han contado con la aprobación de las comunidades para adelantar transacciones sobre el uso de territorios, en contra de las leyes colombianas. Banacol adquirió Banadex, empresa de la norteamericana Chiquita Brands, y adelantó acuerdos para proveer la venta de frutos a esta compañía después de que fuera sancionada por el Departamento de Estado por su financiación a grupos ilegales en Colombia. Banacol comercializa sus productos en Europa mediante diferentes firmas cuya conformación empresarial genera dudas sobre su legalidad.

A finales de 2016, cuatro años después de ese informe, la CJyP publica otro en el que resalta que, a pesar de los procesos judiciales y la lucha de las comunidades por la recuperación no violenta de sus territorios, la región sigue afectada por el proceso de expansión de las empresas agroindustriales y con daños ambientales como consecuencia de la implantación de agronegocios.

Los territorios de los afrocolombianos han sido escenario de constantes desplazamientos, asesinatos, desapariciones y despojos que coinciden con nuevos usos de la tierra por dinámicas empresariales relacionadas con desforestación intensiva, agroindustria y ganadería.

Según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 21.000 hectáreas de ese territorio colectivo han sido ocupadas por empresas mediante presiones, compras ilegales, engaños y contratos de compra-venta sin validez jurídica. Estos mecanismos de represión han supuesto el despojo del territorio.

Por la tarde viajamos a Apartadó. María Fernanda nos recibe en el aeropuerto.

SABADO 22 de JULIO de 2017

Toma de contacto con el Equipo Local de CJyP: Erika, María Fernanda y Javier. Nos estamos quedando en la vivienda-oficina que tienen en Apartadó. Compramos la botas pantaneras. Nos explican e intercambiamos opiniones sobre el plan de trabajo, que podría sufrir cambios en función de necesidades o situaciones de emergencia.

LUNES 24 de JULIO de 2017

Con Erika y María Fernanda viajamos a Turbo, ciudad al norte de Apartadó. Allí nos encontramos con Josefina Mena y Alicia Mosquera de la Asociación de Mujeres de Río Sucio Chocó Clamores, que desde 1997, desplazados por la Operación Génesis, resisten con sus familias en Turbo. El punto de encuentro es el Coliseo, donde durante ás de tres años familias enteras vivieron hacinadas en condiciones tremendamente difíciles.  A pesar de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el estado colombiano, las mujeres de Clamores denuncian que no han sido reparadas.

Alicia y Josefina nos acompañan al monumento que han levantado, en una zona del Coliseo, en recuerdo de las víctimas mortales y los desaparecidos. Para ellas, la Memoria es un asunto de dignidad y por eso han construido este homenaje a las más de ochenta víctimas de la Operación Génesis. Un espacio que ha resistido, solamente, por la voluntad de las mujeres y la solidaridad de algunas asociaciones que han aportado recursos para la pintura o material de construcción.

Alicia Mosquera nos dice que el Estado colombiano nunca ha movido una mano para respaldar la construcción de la Memoria Histórica o reconocer la Memoria de las víctimas. Por eso, exigen que la sentencia de la Corte Interamericana sea cumplida. Y se les repare integralmente, se les respete su dignidad y se les restituyan los derechos vulnerados durante tanto tiempo.

Alicia y Josefina dicen que les han amenazado, les han señalado, les han ofendido. Y exigen condiciones dignas de vida, como una vivienda en condiciones que se parezca a la que los paramilitares y militares les arrebataron en 1997.

MARTES 25 de JULIO de 2017

Reunión en Apartadó con Edwin y Julia de DIPAZ (Diálogo Intereclesial por la Paz). DIPAZ es una plataforma con representantes de iglesias y organizaciones basadas en la fe que han venido participando y articulándose en los últimos años en procesos sociales y acompañando a las comunidades que trabajan en la construcción de paz con justicia desde la acción no violenta y en la búsqueda de la verdad y la justicia que permita una verdadera reconciliación en Colombia. Tuvieron presencia en la mesa de diálogo de Paz en La Habana. La Comisión Intereclesial Justicia y Paz forma parte de DIPAZ.

MIÉRCOLES 26 de JULIO de 2107

Visita a la Zona de Biodiversidad “Mi Tierra” en Bijao Onofre. Acompañamos a Erika y a María Fernanda.

En la Zona de Biodiversidad se reúnen campesinos del territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, y nos relatan cuál es la situación. Hacemos un recorrido bastante amplio por el territorio para constatar la realidad de lo que nos cuentan. Los campesinos dicen que por lo menos 30 hectáreas de bosques primarios y fuentes de agua han sido arrasadas por la empresa AGROMAR. Denuncian que la actividad es ilegal, no se ha consultado a los legítimos propietarios y, a pesar de la denuncia, no hay reacción de policía o autoridades policiales. La comunidad asegura que estas actividades se realizan con la complicidad del Consejo Mayor Comunitario, que ha firmado, sin consulta ni consentimiento la entrega de 20.000 hectáreas de tierra por un periodo de 100 años. Las operaciones se han hecho en medio de amenazas. Varios son los directivos de AGROMAR señalados por sus vinculaciones con el paramilitarismo y narcotráfico.

La comunidad también denuncia que el Consejo Mayor Comunitario, presidido por Baldoyno Palacios les ha advertido que no se reúnan con el Equipo de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz.

Este es el informe que se publicó en la web de la CJyP:

http://justiciaypazcolombia.com/Informes

Se afianzan operaciones empresariales ilegales de AGROMAR

Pedeguita y Mancilla, Chocó

Lunes 31 de julio de 2017

“El miércoles 26 de julio, en predios correspondientes a la comunidad de Bijao Onofre, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, nuestra Comisión de Justicia y Paz, junto a observadores internacionales, constataron los avances en la implementación de los proyectos agroindustriales de la empresa AGROMAR.

La adecuación de los terrenos y siembra para el agronegocio de plátano fue avalada por la junta directiva del Consejo Mayor, en cabeza del cuestionado representante legal Baldoyno Palacios. Se constató además el asentamiento de personas ajenas al territorio colectivo, dedicadas a dar continuidad a las órdenes de la empresa AGROMAR.

La utilización de maquinarias tipo retroexcavadora para la adecuación de los terrenos y construcción de canales para la agroindustria del plátano generó un impacto ambiental negativo dentro de los frágiles suelos del territorio.

Se observó el levantamiento de viviendas por parte de los nuevos parceleros, fuentes informaron a nuestra Comisión que Baldoyno Palacios vendió estos predios por un valor que oscila entre $1.200.000 y $1.400.000 por hectárea. Desde el punto conocido como el acopio, caminando por el camellón que conduce a la comunidad de Bijao Onofre, es notable la cantidad de costales con semilleros de plátano que se posan a lado y lado del camino. En las ilegitimas e ilegales parcelaciones se observaron cajas de la empresa Turbana Corp., empresa con sede administrativa en Coral Gables, Florida, Estados UnidosTurbana Corp., es la quinta importadora de banano en ese país y la primera de plátano, y es filial de la empresa beneficiaria de las acciones de despojo UNIBAN.

Baldoyno Palacio en diferentes espacios afirmó que se reanudará la siembra de palma aceitera dentro del territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla. Cabe recordar que la agroindustria palmera fue impuesta por la empresa Recife S.A., representada legalmente por Juan Guillermo González, beneficiarios de las operaciones paramilitares de 1997. González, también es un reconocido empresario ganadero, ocupante de “mala fe”, quien ha sostenido que: “Nosotros vamos a cortar el plátano que ha sembrado las familias reclamantes, porque vamos a recuperar el negocio de la palma, que le pertenece al consejo”

En el recorrido con los campesinos y con los miembros de CJyP pudimos constatar esta realidad que se relata, así como la gran cantidad de palma aceitera que se ha plantado en estos terrenos.

JUEVES 27 de JULIO de 2107

Con Javier del Equipo de CJyP visitamos la Zona Humanitaria de Caño Manso en Curvaradó. Vive en ella una veintena de familias. Nos cuentan que todos los líderes están amenazados y que los paramilitares han sembrado el terror.

El Equipo de CJyP ha traído alambres para que la comunidad vuelva a definir  la verja de la Zona Humanitaria, que, una vez más, ha sido tirada  por armados.

Los miembros de la comunidad de Caño Manso fueron desplazados en 1997 y cuando regresaron años después se encontraron con que el empresario y coronel del Ejército, Felipe Molano, que tenía ganadería extensiva, se había apropiado del territorio.

Los campesinos se metieron y de forma reiterada intentaron que se fuera, presionándolo y presentando denuncias ante las autoridades y el Gobierno. En 2007 un fuerte vendaval que causó gran daño en la zona, tumbó la casa de Molano.

Con lentitud, se acercan los miembros de la comunidad a la asamblea. Javier explica los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, un mecanismo incluido en los Acuerdos de Paz, y que sólo se va a llevar a cabo en unos cuentos departamentos de todo el país, los más afectados por la violencia o con más necesidades. El Chocó es uno de ellos.

Javier explica que han de ser las comunidades y los municipios los que ideen los proyectos que consideran más necesarios: vías, infraestructuras, puesto de salud, escuela, etc. Para ello, hay inversión que vendría del Gobierno de Colombia, capital privado y de organismos internacionales como la Unión Europea.

Se abre un debate, porque algunos de los campesinos se muestran escépticos sobre la viabilidad de cualquier nuevo plan, ya que - dicen - hasta ahora no se han cumplido. Además, desconfían de los intereses que pueda tener la iniciativa privada para llevarlos a cabo. Y, alguno, como Andrés Medrano, denuncia la corrupción de los alcaldes. Dicen que el Gobierno nunca responde, ni tampoco a las demandas que interponen. Y que los empresarios siempre se salen con la suya.

Algunos campesinos muestran su desconfianza de que, con las nuevas leyes, les quiten las tierras.

Otra campesina se queja de que la CJyP ya no está tan pendiente del acompañamiento. Javier les explica que, ahora la comunidad tiene que ir tomando las riendas poco a poco y que ya no hay tanta necesidad de una presencia continua. Y la CJyP hace continuas verificaciones y denuncias y presenta demandas.

Otros miembros de la comunidad se muestran preocupados porque no se cumplan las medidas cautelares y no se respeten los plazos o porque sus tierras sean entregadas a los guerrilleros desmovilizados como parte de los terrenos baldíos que se recogen en los Acuerdos de Paz.

Al final de la asamblea se decide redactar un comunicado con todas las demandas, que entregará Javier en mano en Bogotá al Ministerio del Interior. Ya que con miembros de esta comunidad y de Bijao Onofre viajará a la capital al siguiente día para entrevistarse con miembros del Ministerio, la Procuraduría y Defensoría de DD.HH. para presentarles las demandas contra AGROMAR.

En nuestra vuelta a Apartadó, en el municipio de Belén de Bajirá notamos mucha aglomeración de gente al pasar por la cancha de futbol. Javier empieza a hacer llamadas. Cuando jugaba al fútbol, un joven ha sido asesinado por dos individuos que le han disparado dos tiros y han huido en una moto.

Al llegar a Apartadó conocemos la identidad del muchacho, sobrino de Maria Ligia Chaverra, lideresa histórica de la cuenca del Curvaradó y de la Zona Humanitaria de Camelias.

Este es el informe que publicó la CJyP:

AGC asesinan joven en medio de partido de fútbol

Belén de Bajirá

Jueves 27 de julio de 2017

“En Belén de Bajirá asesinan a Luis Enor Murillo Chaverra, de 21 años de edad, las autodenominadas "Autodefensas Gaitanistas de Colombia", AGC, cuando jugaba un partido de fútbol.

A las 4:50 p.m. dos hombres con arma corta llegaron en una motocicleta que dejaron a la entrada de la vía que conduce a la cancha de fútbol de Belén de Bajirá.

Luego irrumpen en medio del partido de fútbol identifican a Luis, se le acercan por la espalda y le impactan mortalmente con dos disparos.

Las personas con quienes estaba entrenando corren en estampida mientras los sicarios van hacia el lugar donde parquearon la moto, emprendiendo la huida.

De acuerdo, con algunas versiones Luis estaba siendo presionado por las AGC para realizar algunas "vueltas", de las que desistió o se negó a realizar.

En Belén de Bajirá se encuentra una estación de policía nacional sin dar respuesta al control que viene ejerciendo las AGC.”

Precisamente, al día siguiente se oficia el entierro del esposo de María, que ha muerto por enfermedad. La situación es difícil. Los otros dos miembros del Equipo de CJyP, Erika y María Fernanda, así como Edwin y Julia de DIPAZ ya están en Camelias acompañando a María.

VIERNES 28 de JULIO de 2017

Acompañamos al Equipo de CJyP al entierro del esposo de María. También viajan con nosotros desde Apartadó y asisten al entierro dos miembros de Brigadas Internacionales de Paz, que vienen haciendo acompañamiento a CJyP.

Llegamos, primero a Camelias para acompañar a María y desde allí salimos con los familiares y la comunidad hacia Belén de Bajirá con el cortejo fúnebre. Se vive tensión y una gran tristeza. María está destrozada.

SABADO 29 de JULIO de 2107

Visita a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza y Zona de Biodiversidad por la Defensa de la Vida y el Territorio “Erasmo Sierra” en Jiguamiandó.

La zona humanitaria está integrada por unas 240 personas. Sufrieron desplazamiento en 1997. Dirigidos por el patriarca y líder, Erasmo Sierra, y acompañados por una Comisión Internacional, hicieron verificación en 2005 y regresaron en 2007.  Al principio, la Zona Humanitaria estaba al otro lado del río. Hoy se puede entrar por tierra porque ellos mismos  abrieron camino y cortaron platanera. Erasmo, que junto a su esposa Agrepina, llegó a este territorio hace 47 años, dice que, ahora, la situación es crítica. Los paramilitares les amenazan constantemente. CJyP ha traído nuevos carteles para proteger la Zona Humanitaria y la Zona de Biodiversidad. Hace unos veinte días, los paramilitares violaron estas zonas. Los carteles que las delimitan aparecieron con pintadas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en las que escribieron: Llegamos para quedarnos.

Este es el informe que publicó CJyP:

Neoparamilitares ingresan e intimidan a habitantes en Zona Humanitaria

Jiguamiandó, Chocó

Viernes 7 de julio de 2017

“El día viernes 7 de julio a las 7:00 a.m. ingresaron a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza ubicada en territorio colectivo de Jiguamiandó, dos neoparamilitares de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Los neoparamilitares, uno de ellos afrodescendiente y el otro mestizo, ingresaron en una moto de alto cilindraje, vestidos de civil y con bolsos cortos donde se presume portaban armas cortas. En su ingreso realizaron grafitis en una pancarta.

Desde hace unos meses se ha venido denunciando la libre movilidad de los neoparamilitares en el territorio colectivo de Jiguamiandó, sin que exista una respuesta eficaz por parte del Estado.”

Durante los últimos dieciocho años esta comunidad ha aguantado violencia, desplazamientos, incursiones armadas, bloqueos alimentarios. Y con la desmovilización de las FARC, cuenta, ha aumentado el número de armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El patriarca Erasmo dice que siempre ha estado amenazado y se le ha acusado de formar parte de la guerrilla.

La situación de las tierras es ambigua a pesar de que el Incora - el instituto Colombiano para la Reforma Agraria - hoy día Incoder, adjudicó 54.973 hectáreas al Consejo Comunitario de Jiguamiandó en el año 2000 en el marco de la titulación colectiva de tierras de comunidades negras, que no se pueden vender.

Pero el patriarca asegura que las tierras sí se venden. Y hay ocupantes de mala fe de otros lugares de Colombia que han emprendido o son mano de obra para proyectos de ganadería, plataneras y palma africana.

El propietario de la tiendita, Belardo, nos cuenta que la zona fue zona de tránsito de las FARC y, por tanto, de los paramilitares. Por lo que se encontraron en varias ocasiones en medio del fuego cruzado. Ahora, quieren que se solucionen las nuevas amenazas.

Acompañamos a los miembros de la comunidad a poner los nuevos carteles que ha traído CJyP para proteger la Zona Humanitaria y la Zona de Biodiversidad. Nos dicen que viven momentos difíciles, pero que lo que les hace fuerte es estar unidos.

A la visita de dos días  a esta comunidad también han venido Edwin y Julia de DIPAZ. Los miembros de la comunidad se reúnen y Edwin explica que el objetivo es socializar el Proceso de Paz para que la comunidad sea fuerte. Y les insta a que se organicen. Dice Edwin que el 90 por ciento del Acuerdo de Paz son herramientas para las comunidades. Dentro del punto primero de los Acuerdos, relativos a la Tierra, están los PDET, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que dan prioridad a ciertos municipios, uno de ellos, Rio Sucio (al que pertenece esta comunidad). Son planes a 10 años y, entre agosto y diciembre, los miembros de las comunidades tendrán que presentar los proyectos.

Edwin explica también algunos de los riesgos, que la comunidad debe vigilar. Por ejemplo, que los alcaldes vengan a intentar hacer propuestas de solución de problemas o carencias, que en realidad, ya se encuentran en sus competencias y deberían solucionar los ayuntamientos. E insiste en que las comunidades deben ser protagonistas de los procesos, porque si no, seguirán siendo esclavos. Y que ellos tienen unos mecanismos que no tienen otros, como formar parte de la Red Compas que estuvo en la mesa de Diálogo de la Habana y ahora en las conversaciones con el ELN.

Cita una frase de Abilio Peña de CJyP en la que recordaba que, en el 97, los paramilitares vinieron por los cuerpos, y ahora vienen por las almas, ofreciendo trabajo, infraestructuras, etc.

En la explicación de la nueva situación, Edwin menciona la segunda misión de la ONU, que empieza en agosto, formada sólo por civiles. Las zonas veredales se transformaran en zonas de capacitación para los miembros de la guerrilla que ya son civiles. Por eso, destaca Edwin, es importante que sepan que esa segunda misión de la ONU dará incidencias de lo que pasa en las comunidades. Desde DIPAZ, Edwin dice que están trabajando en la Veeduría (en qué medida se están cumpliendo o no los puntos del Acuerdo de Paz), y para ello, los testimonios son muy importantes. También van a participar otras organizaciones, algunas internacionales como la Asociación Codialogantes, Christian Aid, la Iglesia Sueca, etc. Con el objetivo de visibilizar y denunciar fuera de Colombia la problemática.

Pero, recuerda, que las amenazas y la violencia continúa. Y hasta ahora, seis miembros de las FARC han sido asesinados al salir de las zonas veredales y hay amenazas a sus familiares.

También recuerda como, desde el 15 de Junio, en Tumaco y Buenaventura, está desplazada la Unidad Especial de la Policía para desmantelar a paramilitares.

Edwin explica también el segundo punto del Acuerdo de Paz, de Participación Política. Dice que se van a crear las Circunscripciones Especiales para la Paz, serán 16 en total y se han elegido las áreas más castigadas por el conflicto y más abandonadas por el Estado. El Chocó es una de ellas. Pueden elegir a un representante para la Cámara. Edwin advierte del peligro de que pueda intentar presentarse algún infiltrado, por lo que tienen que estar muy atentos.

En el turno de intervenciones, Erasmo dice que hay connivencia entre los paramilitares y el Gobierno. Cuando estaban las FARC no venían los paramilitares. ¿Qué solución le buscamos a esto?

Otro miembro de la comunidad dice que se hizo un censo de estudiantes para que viniera el Claret a dar la enseñanza secundaria, pero esto no se ha puesto en marcha y los muchachos tienen que salir a Camelias para ir a clase.

CJyP va a intentar mover lo del censo y que vengan los maestros a dar las clases una semana al mes.

Entonces se plantean las amenazas que sufren las moto taxis que llevan a algunos muchachos a las clases a Camelias. Lo que pretenden, dicen los campesinos, es amenazarlos y aislarnos.

Este es el informe que publicó CJyP:

AGC controlarán transporte público modalidad moto-taxis

CURVARADÓ, CHOCÓ

Lunes 31 de julio de 2017

“El pasado viernes 28 de junio, en la comunidad de Cetino, territorio colectivo de Curvaradó, las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, convocaron a reunión a todas las personas que se dedican al oficio de moto-taxismo dentro de los sectores de Brisas, Cetino y Las Menas.

Los AGC ordenaron que antes del lunes 31 julio, todos debían estar afiliados a la asociación de moto-taxistas y cancelar una cuota de $150.000. Aseguraron que después de esta fecha el pago sería de $2.000.000.

Sumado al valor de la cuota, los mototaxistas deberán entregar a los Gaitanistas $4.000 diarios.

Uno de los armados aseguró que el incumplimiento de esta orden implicará sanciones. "Los que no se asocien, les quitamos la moto y sino la entregan, la quemamos".

Este escenario de control social del territorio impactará en las cotidianidades de las comunidades, especialmente en aquellas personas cuya movilidad depende del transporte en este servicio público de transporte.

Los más afectados con esta estrategia son las y los jóvenes de la Zona Humanitario de Nueva Esperanza, ubicada en el territorio colectivo de Jiguamiandó, quienes asisten a clases al colegio AFLICOC, y hacen usos de los moto-taxis desde su comunidad hasta la sede de la institución educativa en la Zona Humanitaria de Las Camelias.

Esta medida se suma a las otras acciones de control social y económico, y garantiza mayor movilidad dentro de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó. Pese al conocimiento público de estos controles, no existe reacción alguna en las unidades militares de Llano Rico del batallón de selva N°54.”

CJyP estudia, también, medias cautelares sobre las presiones y amenazas con Defensoría, Procuraduría y Unidad Nacional de Protección.

Asimismo se anuncia que del 7 al 11 de Agosto vendrán psicólogos de CJyP para hacer trabajos con las comunidades.

El 15 de abril del 97 la comunidad salió desplazada. Al cumplirse veinte años se harán encuentros sobre la Memoria Viva, para recordar, pero, también para construir.

DOMINGO 30 de JULIO de 2017

Se realiza una actividad con los niños y niñas de la comunidad. CJyP ha traído pinturas para que los escolares dibujen los muros de su escuela de primaria. El taller, dirigido por Erika y María Fernanda y en el que colaboramos, trata de que, dentro del ámbito de los DD.HH., los pequeños describan como quieren que sea su comunidad.

Resulta una actividad muy bonita y divertida donde los niños y niñas pintan paisajes verdes, con grandes soles y animales que disfrutan de la naturaleza y los cultivos de la zona, arroz, ñame, yuca, maíz, plátano. Alguno se pinta también a sí mismo y todos y todas disfrutan mucho. Al término, hay un refrigerio comunal.

En la Zona Humanitaria tienen una escuela primaria que construyó una ONG de Canadá. Pero, la comunidad pide una escuela de Secundaria para que los estudiantes no se vean obligados a desplazarse una semana cada mes a Camelias.

MARTES 1 de AGOSTO de 2017

María Fernanda nos acompaña a la Zona Humanitaria de Camelias (Curvaradó). Nos quedamos allí dos días en la casa que tiene CJyP. También están los cuatro profesores voluntarios que, mediante  el convenio que tiene  CJyP con dos universidades de Bogotá, vienen una semana cada mes a Camelias para dar clases de Secundaria a los alumnos de distintas comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Los estudiantes se quedan en las casas que les ofrece la comunidad de Camelias o realizan los desplazamientos diarios con las moto taxis que tienen algunos miembros de las comunidades.

Ana, Elena y Carmen impartimos dos talleres de dos horas en días sucesivos sobre Comunicación y DD.HH. Nos dividimos por grados. En cada clase hay una veintena de alumnos y alumnas. Intentamos realizar talleres interactivos en los que dar algunos conocimientos para que los estudiantes aprendan a diferenciar, por ejemplo, información de opinión, analicen las noticias desde el punto de vista de la defensa de los DD.HH y conozcan algunas técnicas de elaboración de las noticias, sobre todo en radio o prensa. El segundo día, el Taller es más práctico y los estudiantes realizan sus propias noticias.

Con esta práctica, también se pretende que cada uno de los miembros de las comunidades se convierta en comunicador, que pueda transmitir las incidencias y violaciones de DD.HH que se puedan producir en las comunidades.

En concreto, en Camelias hay una radio comunitaria, que dirige un chico de la comunidad (el “Pelado”) y transmiten noticias a radio Contagio en Bogotá.

También estaba previsto en esta visita que el Pelado nos enseñara la radio comunitaria. Pero, por la tarde, cuando terminamos en Taller, cayó un aguacero de tales dimensiones, que no pudo ser posible. A la mañana siguiente, tampoco, porque el Pelado estaba trabajando.

Por la noche, algunos de los muchachos se acercaron a la casa que tiene CJyP y estuvimos de tertulia sobre sus problemas y necesidades. Los animamos a que participen en las posibilidades que da el Acuerdo de Paz, en cuanto, por ejemplo a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, para que ellos planteen algunas de las necesidades que tienen para mejorar las situaciones de sus comunidades. Después de las experiencias difíciles, de abandono y de acoso que sufren, se muestran escépticos, pero, también, abiertos a intentarlo.

Durante las estancias de estos días en las comunidades ya nos hemos dado de bruces con la realidad socioeconómica de las mismas.

Son muchas las carencias básicas: ausencia de agua potable, de luz, de saneamiento básico, de vías de acceso y comercialización de los productos que cultivan. Deficiente escolarización primaria (escuelas unitarias infradotadas), ausencia de educación secundaria, ausencia de centros de salud e infraviviendas. Economía de subsistencia basada en el cultivo manual de unos pocos productos complementada con la posesión de algún cerdo, gallinas, etc. Todo ello debido a que la ausencia del Estado es total, manifiesta e intencionada.

Pero al mismo tiempo hemos constatado la dignidad con la que viven, trabajan y se esfuerzan por alcanzar el bienestar. Además se percibe la vitalidad de su organización en las Zonas Humanitarias y su capacidad de responder de forma pacífica pero incansable a las amenazas de los paramilitares y la invasión de las empresas.

DOMINGO 6 a MIÉRCOLES 9 de AGOSTO de 2107

Vamos a Cacarica con todo el Equipo de CJyP: Erika, María Fernanda y Javier, además de Diana, la abogada de CJyP, que ha venido desde Bogotá.

Cacarica en un afluente del río Atrato y da nombre a un amplio territorio colectivo de comunidades afrodescendientes. Se encuentra muy próximo a la frontera con Panamá. En esta zona se llevó a cabo la Operación Génesis que hemos descrito anteriormente. Parte de los campesinos que retornaron formaron la organización  CAVIDA (Comunidades Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica) y se asentaron en dos zonas humanitarias  (Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida). Es necesario remarcar que los campesinos que eligieron retornar al territorio  y organizarse y defenderse de las agresiones en estas dos zonas humanitarias pertenecían antes del desplazamiento forzado a 12 comunidades de esta zona. Es decir, se han agrupado de una forma voluntaria y organizada a pesar de que por ello muchos se encuentran lejos de sus fincas originarias y tiene que desplazarse largas distancias para su trabajo en las mismas.

En el puerto de Turbo nos reciben miembros de las comunidades Nueva Vida y Nueva Esperanza en Dios. Cogemos la panga (pequeña embarcación de motor)  que pertenece a la Unidad Nacional de Protección, aunque es pilotada por miembros de las dos zonas humanitarias de Cacarica que también tienen que aportar el coste de la gasolina. Esta protección por parte del Estado de debe a las continuas amenazas y extorsiones a  los habitantes y líderes de Cacarica por parte de los  paramilitares desde que decidieron retornar al territorio. A partir de 2015 se ha intensificado la violencia, indica Erika de CJyP, que acompaña y asesora a las comunidades de las Zonas Humanitarias del Bajo Atrato. También nos informa de que en 2016, los neoparamilitares, bajo la denominación de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) decretaron un “paro pacífico” en Urabá. Lograron paralizarlo todo y según dice Erika, eso es un indicio clave del poder que han conseguido en la región.

Según CJyP buscan recuperar el territorio pero con una nueva estrategia: proponen proyectos socioeconómicos en una región abandonada por el Estado, entregan regalos, balones de fútbol, muñecas, etc. Pero su objetivo es el control territorial para implementar cultivos productivos como la palma aceitera, ganado, banano y tráfico de drogas para los países del norte.

Paramos en Limón, donde comemos rico pescado y después en La Tapa, donde cambiamos a una lanchita más pequeña, porque nos adentramos por un afluente del río Atrato. Allí, ocurre un incidente por parte de paramilitares vestidos de civiles, que luego tuvo su continuación en las comunidades.

Este es el informe que se recogió en la web de CJyP:

AGC hostigan a defensores de DDHH

CACARICA, CHOCÓ

Jueves 10 de agosto de 2017

“Ayer martes 9 de agosto, en la comunidad de Bocas del Limón, territorio colectivo de Cacarica, los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, vieron limitado su trabajo de documentación ante la presencia de cinco neoparamilitares de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC.

Los AGC en medio de su estado de alicoramiento indagaron a integrantes de la comunidad sobre nuestra presencia y el trabajo que se desarrollaba.

El domingo 6 de agosto, en el punto conocido como La Tapa, territorio colectivo de Cacarica, integrantes de las AGC vestidos de civil en desarrollo de sus operaciones de control preguntaron por la presencia de los cuatros defensores de nuestra organización.

La situación para los líderes de la comunidad de CAVIDA y las y los defensores de nuestra organización, es de grave riesgo, debido al evidente control neoparamilitar sobre casi el 80% del territorio colectivo de Cacarica.

Las operaciones neoparamilitares cuentan con la ineficacia y omisión de las Fuerzas Militares que desde noviembre de 2016 han sido incapaces de desestructurar el control territorial que las AGC ejercen ya en 16 comunidades, de 23 comunidades.

En el Punto de La Tapa, lugar estratégico, en tanto que posibilita el control sobre los ríos Perancho, Peranchito y Bocas del Limón, con su presencia las AGC limitan la libre movilidad y controla las dos grandes vías de acceso de bienes de supervivencia de los afrocolombianos e indígenas.

Ni la Audiencia ante la CIDH con solicitudes específicas, ni las reuniones de seguimiento a las medidas cautelares en Colombia, ni la reunión de la Comisión Nacional de Garantías han resultado eficaces para garantizar los derechos de los afrocolombianos.

Hoy el control neoparamilitar, la zozobra comunitaria es absolutamente evidente con un Estado incapaz de proteger los derechos de los afrocolombianos.

La presencia cínica y permanente de esta estructura neoparamilitar cada vez más incide y limita las actividades cotidianas de las y los habitantes ancestrales del territorio colectivo de Cacarica. Ejerciendo controles en medio de la presencia de las fuerzas regulares del Estado Colombiano sin que signifique reacción alguna.”

El motivo de esta visita de CJyP a las dos zonas humanitarias de Cacarica  está relacionado con la interposición de una demanda ante la justicia nacional con el objetivo de obtener reparaciones por los daños materiales y morales que causó la Operación Génesis. Como se ha indicado anteriormente, en 2012 el general Rito Alejo del Rio fue condenado por un tribunal colombiano a 25 años y ocho meses de cárcel por el asesinato de Marino López, perpetrado en el transcurso de la Operación Génesis. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que el Estado colombiano es responsable por no prevenir ni proteger el derecho a la vida y la integridad de Marino López.

Y también que el Estado colombiano es responsable por dos razones fundamentales: por haber incumplido su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal de los pobladores, por un lado, en el caso de los desplazamientos forzados que se dieron por acción de los grupos paramilitares y, por otro lado por el incumplimiento de sus obligaciones de garantizar la asistencia humanitaria y el retorno seguro a sus tierras.

La Corte también estableció que el Estado es responsable por la violación de los derechos de niños y niñas por no haber desarrollado las acciones suficientes en particular, cuando estuvieron alejados de sus territorios ancestrales y se vieron afectados por hacinamiento y falta de acceso a la salud, educación y alimentación adecuada.

La Corte estableció una serie de medidas de reparación tales como un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, continuar con las investigaciones y juzgar a los responsables. Además, el tratamiento adecuado en cuanto a la reparación, restituyendo el uso, goce y posesión de los territorios reconocidos en la normativa de comunidades afrodescendientes, garantizando que las condiciones del territorio se restablezcan y que el lugar en el que habitan sea adecuado para la seguridad y la vida digna.

Además, el Estado colombiano reconocerá a las personas listadas como víctimas - 341 adultos y 234 menores - para que reciban las indemnizaciones establecidas por la normativa pertinente.

Pero, la sentencia no se ha cumplido y por eso, ahora, buscarán un nuevo camino: volver a demandar al Estado, pero, esta vez, ante un juez nacional.

Llegamos primero a Nueva Vida, donde la abogada explica la nueva ruta jurídica. Y comenta, entre otras cosas, que no les han reparado como comunidad afrodescendiente y que el Estado colombiano le dijo a la Corte que tenía capacidad para reparar, pero no ha sido así.

La abogada dice que hay que ser cautos, la sentencia puede demorarse dos o tres años. Y es importante intentar conseguir pruebas de lo que tenían en el 97.

Recalca que esta es una acción jurídica que irá por la Justicia ordinaria y que hay un fallo a favor de pobladores en Norte de Santander que reconoció perjuicios morales y materiales en un caso de cierta similitud.

Comenta también a la comunidad que las demandas se podían hacer de forma individual.  Pero, unidos, tienen más fuerza. Y advierte que ahí no acaba la lucha, porque el Estado presentará alegaciones como las que se indican a continuación:

1.--Ya hay sentencia Internacional. Pero les diremos que no ha habido cumplimiento.

2.--Caducidad. Ya ha pasado mucho tiempo. Y les contestaremos, dice la abogada: No ha expirado la responsabilidad del Estado porque no ha llevado a cabo la reparación y los daños materiales y morales se siguen sufriendo cada día. Las consecuencias del desplazamiento y del retorno sin las garantías del Estado siguen impactando a día de hoy a los habitantes de las comunidades.

Otra de las cuestiones importantes, dice Diana, es como prueban las propiedades que tenían. Una de las posibilidades son los testimonios de otras personas y también la información que suministraron en 1997 al POTA - Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario - de todo lo que poseían.

Diana añade para los niños nacidos después del 97 es necesaria, también, una reparación por los perjuicios morales causados, ya que con el desplazamiento se modificó su proyecto de vida.

En resumen, dice la abogada, reclamarán por los perjuicios morales y materiales de los mayores y por los perjuicios morales de los nacidos después del 97.

Además de las pruebas testimoniales, la abogada dice que se puede pedir una inspección judicial

Después Erika, Javier, María Fernanda y Diana empiezan a verificar con cada uno de los miembros de la comunidad los datos y los documentos que han de presentar y Ana, Elena y yo nos encargamos de la parte final con la recogida de documentos de identidad y la firma y huella.

El mismo trabajo continua, después, en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza de Dios. Aquí viven 50 familias. Cultivan plátano, arroz, maíz, yuca, ñame. También se realiza una asamblea previa donde de nuevo Diana explica el proceso y las características de la nueva demanda ante la justicia nacional.

Los miembros de la comunidad se muestran bastante decepcionados, porque aseguran nunca se les ha cumplido. Pero, creen que hay que intentarlo.

Durante todo el día el Equipo de CJyP, la abogada y las acompañantes internacionales validan datos y recogen documentos de la comunidad.

Al término del trabajo, Diana reúne, de nuevo, a la comunidad en asamblea para concretar la forma para reunir la mejor información posible de los bienes colectivos que tenían las comunidades en el 1997. Una tarea que no es fácil.

Además de lo material (puestos de salud, escuelas, vías de comunicación, pozos, etc.) hay que determinar los daños para el medio ambiente, fuentes hídricas afectadas, especies animales y vegetales extinguidas y las actividades o lugares culturales afectados.

La abogada aclara que el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana no se va a abandonar.

Otra cuestión es quien se beneficiará del proceso, que será interpuesto por CAVIDA para las dos comunidades en las zonas humanitarias que la integran.

Los campesinos temen, una vez más, que paramilitares se infiltren y traten de perjudicar el proceso.

Regresamos a Apartadó con Diana, Erika, María Fernanda y Javier. Admiramos su trabajo, excelentemente hecho, la profesionalidad, la minuciosidad, la dedicación continua - no tienen horario y siempre están dispuestos -, la rigurosidad con las lo realizan. Y el calor humano y cuidado que muestran hacía todas las personas de las comunidades. Creen en lo que están haciendo y dedican sus conocimientos y valores a la mejora de las comunidades y sus habitantes. Nos han dedicado su paciencia y nos han hecho participes de su conocimiento, alegría, valores y esperanzas en una vida mejor. Hemos aprendido mucho y hemos disfrutado mucho con ellos. Siempre les estaremos agradecidas.

VIERNES 11 de AGOSTO de 2107

Volvemos a Bogotá. En el aeropuerto de Apartadó nos despiden Erika, María Fernanda, Javier y Edwin.

LUNES 14 de AGOSTO de 2107

En la sede de la CJyP de Bogotá nos reunimos con el padre Alberto Franco.

Antes de regresar a Madrid, el padre Franco ha querido recibirnos y compartir con nosotras toda la experiencia que hemos tenido. Se lo agradecemos infinitamente. Además de su gran humanidad, el padre nos aporta gran cantidad de información, fundamental para entender el contexto de las comunidades que hemos visitado.

El padre nos resume las fases por las que ha pasado el paramilitarismo en Colombia:

1.- Entraron a sangre y fuego

2.- Se legitimaron

3.- Formaron la trama política

4.- Simularon la desmovilización, porque las estructuras de la cúpula no lo hicieron. Algunos fueron condenados. Y sólo pueden serlo una vez. En el Bajo Atrato, es uno de los pocos sitios donde hay empresarios condenados.

Las FARC nunca entraron en las comunidades ni fueron causa de los desplazamientos forzados.

Seguimos hablando con el padre Franco y surgen distintos asuntos, sobre los que nos ofrece información. Por ejemplo, que los cultivos de coca han aumentado en los últimos meses, los problemas que presenta la Jurisdicción Especial para la Paz, los puntos 3 y 4 de los Acuerdos de Paz, que hacen referencia al control sobre los paramilitares.

Y nos propone, que aparte del informe-diario sobre el acompañamiento a las comunidades y un diario más personal, hagamos un comunicado relatando las violaciones de DD.HH. que hemos presenciado en las distintas comunidades. Además de la adscripción de Katío, sería conveniente pedir la adscripción de otras organizaciones que trabajen a favor de la justicia social en Colombia. El padre dice que se podría enviar a los gobiernos español y colombiano, a la UE y a organismos internacionales. Quedamos en elaborarlo y enviárselo para que lo supervise.

Al despedirnos, el padre Franco, nos da un gran abrazo. Nos emociona. Le agradecemos a él y a todos los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz su gran acogida, su apoyo y la confianza que han puesto en nosotras. Admiramos su trabajo dedicado, continuo y perseverante en defensa de la dignidad de las comunidades y de las personas en riesgo y en defensa de los derechos humanos con el objetivo final de la distribución equitativa de la tierra en Colombia y la consecución de la justicia social.