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COMUNICADO DE ACOMPAÑANTES DE KATÍO

DE LA VISITA EFECTUADA EN EL VERANO DE 2017 A COLOMBIA


10 de enero de 2018                                          COMUNICADO ASOC-KATÍO

COMUNIDADES DEL CHOCÓ: CONTINUAN LOS ASESINATOS DE LIDERES CAMPESINOS.

Transcurrido más de un año desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia entre el gobierno y las FARC, la organización española Asociación de Solidaridad con Colombia Katío (ASOC-KATÍO[1]) hace público a través de este comunicado su testimonio sobre la violencia y las extorsiones paramilitares y empresariales de las que son objeto las comunidades campesinas, afrodescendientes y mestizas en el Departamento del Chocó, Colombia. Y denuncia los asesinatos de los líderes campesinos, Hernán Bedoya y Mario Castaño Bravo.

MADRID, ENERO 2018

Varias integrantes[2] de Asoc-Katío viajaron en el pasado verano de 2017 al Departamento del Chocó en calidad de observadoras y acompañantes internacionales de algunas de las comunidades campesinas, mestizas y afrodescendientes ubicadas en la región de la cuenca del bajo Atrato. Estas comunidades, constituidas en zonas humanitarias o de biodiversidad, son a su vez acompañadas en sus diversas reivindicaciones y como medida de protección por la organización colombiana de derechos humanos, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz[3], organización con la que Asoc-Katío trabaja en estrecha colaboración.

 

 

Durante la estancia de las acompañantes de Asoc-Katío en esta región del río Atrato junto con integrantes de la Comisión Justicia y Paz, se constató la presencia paramilitar en la zona y fuimos testigos presenciales de las distintas violaciones de derechos humanos que sufren, así como de la pasividad por parte del Estado y el total olvido que padecen. Graves hechos y circunstancias alarmantes de los que se hace necesario DEJAR CONSTANCIA, más aún en este momento clave en la implementación de los Acuerdos de Paz de cuya firma se ha cumplido ya un año:

 

1) En la Zona de Biodiversidad “Mi Tierra” en Bijao Onofre, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, en la visita del 26 de julio de 2017 constatamos diversas violaciones de derechos humanos y desastres medioambientales.

En este sentido, la empresa AGROMAR lleva a cabo con total impunidad ocupaciones en medio de amenazas y trabajos ilegales en el territorio comunitario como son: la tala masiva de bosque primario y secundario para la canalización de agua de riego y para la siembra extensiva de plátano y palma aceitera africana, el asentamiento de personas ajenas al territorio colectivo a las órdenes de la empresa, la utilización de maquinaria que genera un impacto ambiental en los frágiles suelos del territorio y el levantamiento de viviendas de nuevos aparceros. En las parcelaciones ilegales se observaron cajas de la empresa Turbana Corp., empresa con sede en Florida (EE.UU.), quinta importadora de banano y la primera de plátano de ese país y filial de la empresa beneficiaria de las acciones de despojo UNIBAN.

Los campesinos relataron que al menos 30 hectáreas de bosques primarios y fuentes de agua han sido arrasadas por la empresa AGROMAR. Denuncian que la actividad es ilegal, no se ha consultado a los legítimos propietarios y, a pesar de la denuncia, no hay reacción por parte del Estado ni las autoridades policiales o el Ejército. La comunidad asegura que estas actividades se realizan con la complicidad del Consejo Mayor Comunitario, que ha firmado -sin consulta previa necesaria a los habitantes de las comunidades ni consentimiento de los mismos- la entrega de 20.000 hectáreas de tierra por un periodo de cien años. Las operaciones se han hecho en medio de amenazas. Varios directivos de AGROMAR son señalados por sus vinculaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Cuatro meses después de nuestra visita, el pasado 8 de diciembre de 2017, HERNÁN BEDOYA, uno de los líderes campesinos que más ha defendido el derechos de los campesinos a las tierras  de los territorios comunitarios y ha denunciado los acosos y amenazas continuas por parte de los grupos paramilitares, FUE ASESINADO  por miembros de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC. Era fundador y habitante de la Zona de Biodiversidad” Mi Tierra” en Bijao Onofre, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla (Chocó) atacada por la empresa AGROMAR.

Días antes, el 26 de noviembre, FUE ASESINADO  MARIO CASTAÑO BRAVO, también reclamante de tierras y líder comunitario de la Comunidad de la Madre Unión, también en Chocó. Mario Castaño Bravo era integrante de la Asociación Familias de los Consejos Comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita y Mancilla, AFLICOC e integrante de la red CONPAZ, Comunidades Construyendo Paz en los Territorios.

Los dos habían sido desplazados de sus tierras en el año 1997, habían ayudado a otras personas a retomar sus tierras y las habían convertido en Zonas de Biodiversidad.

2) En la Zona Humanitaria de Caño Manso en Curvaradó, todos los líderes comunitarios están amenazados por los grupos paramilitares y la comunidad está en riesgo de desplazamiento.

El 27 de julio de 2017 acompañamos a integrantes de la Comisión de Justicia y Paz a la Zona Humanitaria de Caño Manso en Curvaradó que llevan materiales para que la comunidad vuelva a definir la verja de la Zona Humanitaria, que, una vez más, ha sido destruida por los paramilitares con la amenaza de que ese es su territorio y los campesinos deben abandonarlo. En esta Zona Humanitaria los líderes comunitarios están amenazados por los grupos paramilitares y sufren acoso por parte de la empresa AGROMAR para que abandonen sus parcelas.

A la vuelta, de paso por la localidad de Belén de Bajirá se observó un gran tumulto. Dicho tumulto fue debido a que poco antes, el grupo paramilitar denominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC) había asesinado a Luis Enor Murillo. Según algunas versiones estaba siendo presionado por las AGC para que realizara trabajos para ellos, a lo que el joven se resistió.

3) En la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, en el territorio colectivo de Jiguamiandó, los habitantes viven también continuamente amenazados por las AGC. En los últimos meses, los campesinos venían denunciando la libre movilidad de los neoparamilitares, sin que exista una respuesta eficaz del Estado.

En concreto, en la visita realizada el 29 de julio de 2017, se comprobó por parte de las observadoras internacionales como los carteles que demarcan la Zona Humanitaria y la Zona de Biodiversidad, estaban señalados con pintadas de las AGC donde se leía “Llegamos para quedarnos”.

Durante los últimos 18 años, esta comunidad ha soportado violencia, desplazamientos, incursiones armadas y bloqueos alimentarios. Y, según se denunció ante nosotros, con la desmovilización de las FARC han aumentado las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Una de las últimas extorsiones, la ejercen las AGC sobre las moto-taxis que, entre otras tareas, trasladan a los jóvenes a la Zona Humanitaria de Las Camelias, donde cursan estudios de Secundaria. Las AGC imponen a los propietarios de estas moto-taxis altos “impuestos” (“vacunas”) con el objetivo de ejercer un control social y económico y limitar la movilidad de los miembros de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó. Un campesino de la zona testificó que, pese al conocimiento público de estas extorsiones, no ha habido reacción de las unidades militares de Llano Rico del Batallón de Selva nº 54.

4) En otra verificación, del 10 de agosto de 2017, en dirección por el río Atrato al territorio colectivo de Cacarica, los defensores de DD.HH. de la Comisión Justicia y Paz vieron limitados en la comunidad de Bocas del Limón sus trabajos de documentación ante la presencia de cinco neoparamilitares de las AGC. Estas personas indagaron a miembros de la comunidad sobre la labor que se iba a realizar y hacia dónde nos dirigíamos. El día 6 de agosto, ocurrieron hechos similares en el sitio conocido como La Tapa, punto de permanente control por parte de los paramilitares, también en la región de Cacarica.

Los dirigentes de la comunidad CAVIDA, en Cacarica, denuncian que su situación y la de los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz son de grave riesgo, debido al evidente control neoparamilitar sobre casi el 80% de este territorio colectivo. Con su presencia, las AGC limitan la libre movilidad y controlan las dos grandes vías de acceso a las comunidades afrocolombianas e indígenas.

 

En Asoc-Katio al tener conocimiento directo de esta violencia continuada, hostigamiento a defensores de derechos humanos y las reiteradas violaciones de los derechos fundamentales, también económicos, sociales y medio-ambientales que sufren las comunidades mencionadas del Bajo Atrato por parte de los grupos paramilitares y empresas que desarrolla su actividad de forma ilícita, y ante la pasividad –cuando no complicidad- del Estado colombiano, creemos necesario ponerlas en conocimiento de la opinión pública y de las instancias y organismos internacionales oportunos.

Y, por todo ello, SOLICITAMOS que el Estado colombiano:

1. Ponga todos los medios necesarios para que cese la violencia y las amenazas y se implemente de forma inmediata lo recogido en el Acuerdo de Paz respecto a la creación de una Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las organizaciones criminales -incluidas las sucesoras del paramilitarismo-  adscrita a la Fiscalía General de la Nación.

2. Investigue todos los hechos aquí documentados y, en concreto, los asesinatos de HERNAN BEDOYA Y MARIO CASTAÑO BRAVO y ponga a disposición de la justicia a sus responsables, ya sean empresas o personas.

3. Implemente de forma inmediata un reforzamiento de los esquemas individuales de protección que otorga el Estado a los líderes amenazados. Hernán Bedoya y Mario Castaño, tenían algunos, pero fueron asesinados impunemente.

4. Garantice las condiciones para un normal desarrollo de la vida de estas comunidades, un desarrollo sostenible en la zona y la justicia social necesarios para las comunidades rurales más afectadas por el conflicto armado en Colombia, como es el caso de las aquí mencionadas del Departamento del Chocó.

5. Materialice los cambios trascendentales en lo referente a la calidad de vida de estas poblaciones garantizando el respeto a los derechos humanos y resto de derechos económicos y sociales como son el acceso a la educación y la salud.

Desde Asoc-Katío reclamamos para estas comunidades sus derechos de vida en paz y justicia social y, del mismo modo, reivindicamos verdad, memoria y reparación, con garantías de no repetición, así como que ninguna de las violaciones de derechos humanos queden en la impunidad. Consideramos firmemente que es esta la única forma de que se profundice en una verdadera construcción de la paz y garantizar una paz duradera en la región.

 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON ASOC-KATIO: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

 

 


[1] La Asociación de Solidaridad con Colombia Katío (ASOC-Katío) la constituyen un grupo de personas voluntarias que conscientes de la realidad de las comunidades campesinas de afrodescendientes, indígenas y mestizos desplazadas o retornadas y hostigadas por el ejército y grupos paramilitares de Colombia. Algunas de estas personas han acompañado durante estancias más o menos prolongadas, a dichas comunidades, colaborando con  la organización de derechos humanos de Colombia “Comisión Intereclesial de Justicia y Paz”

[2] Ana Rodríguez, Elena Puche y Carmen Corredor, como miembros de la organización española Asociación de Solidaridad con Colombia Katío (ASOC-KATIO), viajaron a Colombia, entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2017.

[3] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz por más de 29 años ha promovido, defendido y apoyado la exigencia y afirmación de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, psicológicos, género, civiles y políticos de personas y procesos organizativos rurales y urbanos por parte del Estado y actores privados de quienes construyen paz hacia una democracia con justicia integralmente concebida.

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