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VII Visita de la Comisión Ética de la Verdad a Colombia

Viernes 4 de diciembre de 2009

Entre el 29 de octubre al 5 de noviembre, 9 miembros de la Comisión Ética de la Verdad hemos realizado la 7ma visita a Colombia, visitando comunidades en Antioquia, Magdalena y Cauca. En esta ocasión estuvimos: Mirta Acuña de Baravalle, Madre de la Plaza de Mayo Línea Fundadora de Argentina; Raúl Hernán Contreras Román de la Comisión Ética contra la Tortura de Chile; Rainer Huhle, Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania; Enrique Santiago

Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), España; y las y los estadounidenses Bernardine Dohrn, Centro de Justicia para los niños y la familia y la Universidad Northwestern, Elizabeth Deligio, del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA WATCH), Katherine Varatta, de la Campaña de los pobres por los derechos económicos y derechos humanos, Stephen Haymes, Universidad de de Paul y Scott Wright de EPICA (Programa Ecuménico para Centroamérica y el Caribe) y SICSAL (Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina "Oscar Romero").

En nuestra Misión participamos en:

Acto simbólico el 31 de Octubre en la base militar de Palanquero, Cundinamarca para expresar nuestra objeción al acuerdo militar firmado el día anterior entre los gobiernos de Colombia y EEUU.

Entre el 1 al 3 de noviembre realizamos visitas a 4 comunidades:

Acompañamos las expresiones de resistencia de 200 familias de la Balsita en Dabeiba, Antioquia, cuyas propuestas de protección del territorio, las Zonas de Biodiversidad se ven amenazados hoy en día por graves violaciones a los DDHH e infracciones al Derecho Humanitario. Conocimos testimonios de más de 350 crímenes, entre torturas, asesinatos, desapariciones forzadas entre mayo de 1996 y la fecha, en las comunidades de La Balsita y de dos desplazamientos forzados colectivos:

Conocimos la historia de violencia sufrida de la población de Guiamaro, en el Magdalena, y su afirmación del derecho a la tierra con la ocupación de la Finca “Tierra prometida”, reivindicación que se ve amenazado por la orden de desalojo de 350 familias previsto nuevamente para el 27 de noviembre.

Entre otros escuchamos en un encuentro público con la participación de más de 300 personas testimonios que demuestran el desarrollo de la estrategia paramilitar a través de la cual se produjeron 48 asesinatos y desapariciones forzadas en 1997, 2 desplazamientos colectivos y gota a gota.

Participamos en el Encuentro interétnico de la comunidad en Tequendama, Cauca, en la que relataron a la CEV, la comisión de 120 crímenes por operaciones paramilitares entre 1996 y 1999 y la iniciativa de protección territorial frente al agua y la explotación de oro, molibdeno, uranio en el cerro Negro por la Anglo Gold Aschanti. En el entorno de Tequendama los paramilitares ejercen total control coincidiendo con los sitios en el que se desarrollarían las operaciones de la multinacional y en el cerro Negro se encuentran desde hace 3 meses, antes de nuestra visita, los militares del batallón José Hilario López. Acompañamos la dignificación de las comunidades para evitar el desplazamiento forzoso, la protección del territorio y del medio ambiente, con iniciativas de protección de biodiversidad y la protección de semillas nativas en la inaugurada Casa de Semillas.

Realizamos una visita de verificación a Argelia, Cauca, donde nos relataron el desplazamiento de que han sido objeto a raíz de más de 15 desapariciones forzadas y 50 asesinatos registrados, de 120 reportados, desde abril de 2008 hasta hoy. Esta operación se realiza en medio de la alta militarización, en medio de la cual se realizan las operaciones paramilitares. Recibimos testimonios y elementos de prueba en los que se sostiene como los militares que actúan en los retenes, estos se identifican posteriormente como paramilitares. Se ha visto laconvivencia entre militares y paramilitares que operan indistintamente identificándose como “Aguilas Negras°, °Rastrojos°, ONG” a pesar del proceso de desmovilización

El 4 de noviembre socializamos en un evento público las experiencias y conclusiones de la visita. Igualmente recibimos de la mano de la comunidad el Informe preliminar de Sucre, “Porque al campesino le gusta el campo: historia de la recuperación de la finca la Alemania” y compartimos el Informe preliminar de Putumayo “San Isidro – una historia de lucha y resistencia” que nos había sido entregado por una representante de la Comunidad en el encuentro de Tequendama.

El 5 y 6 de noviembre mantuvimos reuniones con delegaciones diplomáticas de EEUU, Unión Europea, Suecia, España, Chile y Argentina, para compartir las conclusiones de nuestra visita a Colombia.

A lo largo de la visita recogimos 41 testimonios privados, 49 testimonios públicos, participamos en X actos de dignificación, recibimos X objetos y pruebas, y realizamos 4 entrevistas con medios de comunicación.

A partir de lo escuchado, visto y sentido llegamos a las siguientes conclusiones:

1º. Los grupos paramilitares siguen existiendo y actuando, en las regiones visitadas no se han desmovilizado. En este sentido se demuestra la ineficacia de la Ley 975, llamada para la Justicia y Paz, que brinda un marco para la verdad, la justicia, y la reparación de las víctimas.

2° Igualmente, esta ley ha resultado ineficaz para el esclarecimiento pleno y la Verdad a la que tienen derecho las víctimas, con las que hemos tenido contacto. No ha existido justicia, y las posibilidades de está se extinguen con la extradición de 18 jefes paramilitares a Estados Unidos.

3º La aquiescencia, tolerancia, permisividad y convivencia de la Fuerza Publica con estos grupos paramilitares es evidente y nos permite afirmar que el paramilitarismo en Colombia continúa siendo una estrategia estatal.

4º.Continúan el desplazamiento forzado de comunidades campesinas y las agresiones a estas. El Estado en muchas regiones se niega a reconocer las personas como desplazados, inclusive instigando a mentir y decir que fueron deslazados por parte de la guerrilla, sustrayéndoles de esta manera de la posibilidad de asistenta humanitaria y de los derechos como victimas.

5º.La posesión de la tierra por medios violentos y fraudulentos sigue siendo un tema central como causa del desplazamiento forzado y explica la existencia del conflicto armado interno. El objetivo de la violencia paramilitar es la ruptura de la organización comunitaria, atacando a los lideres comunitarios para controlar el territorio, generalmente debido a intereses en el control de los recursos naturales por parte del Estado, que a su vez beneficia a empresas de agronegocios nacionales y/o transnacionales. El combate a las guerrillas y la lucha contra el tráfico de drogas es un pretexto para la comisión de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos

6° Las comunidades a través de un ejercicio de memoria desde las victimas y en afirmación de sus derechos han elaborado propuestas propias de dignificación para la protección de sus vidas y del territorio, como las Zonas Humanitarias, Zonas de Biodiversidad, la ocupación de tierras en un acto de hecho para empezar proyectos de pan coger y autonomía alimenticia, para la afirmación de su derecho a la memoria y el derecho a saber. Consideramos indispensable el apoyo a esas iniciativas.

7° Urge la humanización de la guerra, la aplicación del Derecho Humanitario por parte del Estado y las guerrillas y de la búsqueda de una solución negociada para que las comunidades no sigan sufriendo la militarización de sus territorios, con la consecuencia de estar atrapados entre la fuerza publica y la guerrilla, siendo la primera victima en caso de eventuales combates.

8° Los testimonios que escuchamos sobre asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados, acoso sexual, quema de caseríos, apropiación de bienes, se encuentran en absoluta impunidad. La inacción y la inoperancia de la justicia es evidente. Más allá de las denuncias que han permitido abrir investigaciones estas no han tenido celeridad ni sana lógica. La impunidad ha posibilitado la comisión de nuevos delitos, el control político, social y territorial, vulnerando los principios básicos de una democracia y de los derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral. Es lamentable que las instancias de justicia se conviertan ellas mismas en mecanismo de impunidad, por su inacción o por su recurrencia a culpabilizar a la victimas. Se requiere que la instancia judicial de razones de fondo del por qué de su inacción, las pruebas, los indicios se observan a simple vista yendo a los lugares, donde ocurren y ha ocurrido la noticia criminal.

Por este tipo de justicia, las comunidades plantean la necesidad de una reconstrucción del aparato judicial, que comprenda la sistematicidad de los crímenes, q penalice a los beneficiarios de la violencia estatal, de su instigadores y creadores, que diferencie las afecciones y daños causados a mujeres, niñas y niños, sectores campesinos mestizos, indígenas y afrocolombianos.

9° Hemos escuchado y hemos visto el intento de afectar la independencia judicial, en particular de la Corte suprema de Justicia y de algunos fiscales y jueces, que llevan casos de mucha significaría social, preocupa que tales intents provengan del poder ejecutivo y de sectores de los medios masivos de información. Tales actuaciones parecen ser parte de una operación tendiente e encubrir estructuras criminales que participan o se benefician del poder, al que se ha allegado con medios fraudulentos y la participación en crímenes de lesa humanidad

10° Escuchamos igualmente a familiares de las víctimas que nos relataron como la Comisión Histórica de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, a pesar de la idoneidad de sus integrantes, no ha desarrollado su labor, sin ubicar el conjunto de victimas o sus familias, no logra reconstruir la memoria en una dinámica participativa y de dignificación, en donde las voces de las victimas, su historia y su memoria sea el epicentro. Sus informes no dan cuenta precisa y profunda de un presente en el que la militarización y la fase de control social territorial del paramilitarismo imposibilitan la reconstrucción y la enunciación de la verdad.

11° Ante el fallo de la corte Suprema de Justicia en el que se afirma la necesidad de una Comisión de la Verdad, manifestamos la importancia de esta iniciativa para la cual debe evaluarse las condiciones políticas, militares que hoy se viven; la necesidad de participación del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado en la definición de su naturaleza, de sus contenidos, de su composición de su metodología. La Comisión Ética de la Verdad, en su labor previa a una Comisión de la Verdad, ha tenido una serie de aprendizajes y ha desarrollado una metodología con y desde las victimas que puede aportar con su experiencia de estos años a esta iniciativa de la Corte suprema de Justicia. N o debe desestimarse igualmente el hecho de la persistencia del conflicto armado y la ausencia de una transición democrática en Colombia.

12° Rechazamos rotundamente el acuerdo militar entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que da continuidad a la lógica militar, con consecuencias nefastas para una posible paz y los derechos humanos en Colombia y para las relaciones armónicas en el continente, especialmente América del Sur, y es objetado debido a la experiencia histórica de la influencia (militar) estadounidense, la que muchos de los comisionados hemos vivido. Estados Unidos debería encausar su cooperación ante el fracaso militar y represivo frente a las guerrillas y la lucha antinarcótica.

Comisión Ética de la Verdad

Noviembre de 2009



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